Teléfono rojo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se declaró “preocupada” por la presencia de grupos armados de en diversos estados de la República. Y la respuesta llegó desde Guerrero, en donde este tipo de “autodefensa” se incrementó de manera importante.
Para Raúl Plascencia, titular de la CNDH esta es una situación intolerable. Y recordó que es totalmente “indelegable, la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la sociedad”.
Tenemos entonces, que la actitud del gobierno de Enrique Peña de establecer mesas de negociación con estos grupos de “seguridad” no se corresponde con la ley. Es más, resulta ser una violación de la constitución, ya que de Acuerdo con Raúl Plascencia, lo que se pone en juego es el señalamiento de la Constitución que en su artículo 71 establece que nadie puede hacer justicia por propia mano.
Pero la CNDH pone el dedo en el punto real del problema. No sólo pone en claro que el nacimiento de estos grupos deja ver la incapacidad de las autoridades para cumplir con la primera de sus obligaciones, sino que va más allá al cuestionar el fondo de las acciones.
Plascencia afirma que hay “intereses distintos” en estos grupos y que ello simplemente, “quebranta” la estabilidad de las instituciones.
Si a esta situación se le agrega el problema de los grupos que se han apoderado del CCH y la demanda de destacados universitarios para que el problema se resuelva mediante la aplicación de la ley sin más trámite, lo que tenemos en las manos es un problema explosivo que rebasa con mucho, el discurso con el que el gobierno ha querido matizar las cosas.
Los grupos de “autodefensa” serían todo, menos lo que se quiere afirmar que son. Los grupos en el CCH tendrían intereses que resultan mucho más complejos que todo lo que se ha dicho hasta el momento. Y las autoridades habrían quedado atrapadas en una red de conflictos que por el momento, las han rebasado.
De esta manera, en su afán por ganar tiempo y para tratar de encontrar una salida que no cause mayores conflictos, las autoridades no cumplen con sus responsabilidades. Dan soporte a quienes violan la ley y no son capaces de explicar, realmente, qué es lo que hacen todos estos grupos que, de un día para otro, brotaron de la nada y se han apoderado de un buen número de poblaciones en diversas partes del país.
El rechazo a este tipo de actividades que ha hecho la CNDH no es poca cosa. Y no se requiere de mucho para entender que esta no es una crítica a los que suponen que pueden violar la ley con un argumento de “autodefensa”. La parte crítica de este rechazo cuestiona directamente a las autoridades, no sólo por sus omisiones, sino por aceptar esta situación y buscar negociaciones que no son otra cosa que evadir el cumplimiento de la ley y el colocar de lado sus responsabilidades.
Además, este mensaje de la CNDG es un llamado de atención para que la sociedad entienda que lo que se ha puesto en juego es la existencia misma de las instituciones.
La parte en la que Raúl Plascencia establece que estos grupos “quebrantan la estabilidad de las instituciones” no deja duda alguna sobre lo que quiere decir.
Y justo cuando en Guerrero aumenta la presencia de los grupos armados con los que el gobierno quiere negociar.
El problema ha dejado de ser algo limitado. Se ha convertido ya, en un riesgo real de ingobernabilidad.
QMX/nda