Abanico
El presidente Enrique Peña ordenó, ¡por fin!, la remoción de Humberto Bentítez Treviño como titular de la PROFECO. El problema es que ahora queda la duda de si la orden se debió al tráfico de influencias en que incurrió la hija del ahora exfuncionario, o todo se originó en el exceso de cinismo del propio Benítez Treviño.
Todos recordamos como el pasado 26 de abril Andrea Benítez furiosa debido a que en un restaurante no se le dio la mesa que deseaba, en el momento en que lo ordenaba, mandó a funcionario de la PROFECO a clausurar el sitio, cosa que por supuesto, sucedió.
Un par de días más tarde, el propio presidente de la República ordenó una investigación más a causa de la indignación popular que por razones de ética gubernamental.
Al mismo tiempo, desde la Secretaría de Economía, apareció el titular de esa dependencia, recordando el gran expediente de Benítez Treviño, casi como una señal para que en vez de criticar los hechos, se aplaudiera al aún titular de la Procuraduría del Consumidor.
La “investigación” de la Secretaría de la Función Pública, apareció el pasado día 9. Y como se esperaba, concluía con el señalamiento de la inocencia del alto funcionario, mexiquense para más señas. Las sanciones, “temporales” quedaban en los mandos secundarios.
Hasta ahí, Los Pinos había mantenido un silencio absoluto como no sea el momento en el que se demandó la investigación.
Pero es aquí en donde las cosas pierden el paso. A Benítez Treviño el fallo de la Función Pública lo envalentonó y apareció en público, sin el menor rubor, para hablar de “principios republicanos” y de “hombría” y peor aún para señalar que nunca pensó en la renuncia, en algo que se reconozca o no, mostraba el cinismo del poder y la influencia que se creía tener en la casa presidencial.
La indignación aumentó. El gobierno perdió la posibilidad de presentarse como defensor de la moral y la honestidad. Benítez Treviño había dado un paso en falso y con hecho había hecho tambalear la imagen del gobierno.
Así, se ordenó el cese del funcionario. Miguel Osorio Chong, titular de Gobernación, dio a conocer la determinación. Pero al hacerlo planteó algo que en plazos muy cortos, puede ser un error muy serio. No se puede ordenar el cese de un funcionario público y al mismo tiempo, lanzar elogios de todo tipo para el cesado.
No se puede hablar de que el gobierno quiere enviar un mensaje sobre la obligatoriedad para los funcionarios públicos en materia de ética y profesionalismo y al mismo tiempo afirmar que el corrido es un funcionario que merece el elogio presidencial.
En otras palabras, no se puede reconocer que se cesa a un funcionario, pero se hace más en respuesta al daño que se recibe en imagen, que en razón de las violaciones a la ética que se dice defender.
Resulta complicado explicar cómo es que se ordena la remoción de alguien que daña la imagen de la dependencia en la que se desempeña, para al mismo tiempo, elogiarlo como hombre público.
En este asunto, si la ética resultaba el eje de todo, la investigación ordenada a la Función Pública resultaba innecesaria. Pocas cosas resultaban tan claras como el hecho de que el escándalo provocado por la hija de Benítez Treviño dañaba la imagen moral del gobierno.
Pero además, ¿no resultaba una contradicción pedir a la Función Pública una investigación, cuando fue Enrique Peña, como presidente electo, quien solicitó al Congreso la desaparición de esa dependencia por la simple y sencilla razón de que no cumplía con sus responsabilidades?
QMX/nda