Un siglo por la paz
El accionar del gobierno de Enrique Peña Nieto no funciona como es debido. Alguien, en el centro del poder, no ha entendido que las contradicciones son fáciles de detectar y muy difíciles de explicar. Y que además, siempre dejan un saldo negativo en lo que a credibilidad se refiere.
En los escasos meses que tiene de iniciado el gobierno, hay varias contradicciones. Pero tal vez las más importantes sean además de claros ejemplos de lo que sucede, temas sobre los que aún habrá mucho que comentar.
El primero de ellos es la labor de la Secretaría de la Función Pública, que nació como Contraloría y que ha terminado en la nada gracias a la poco seria labor en el Senado de la República al debatir el proyecto de reforma a la administración pública presentado por el propio presidente de la República aún como mandatario electo, vía la bancada priísta en el Congreso.
Si se recuerda, dicho proyecto tenía como grandes objetivos, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la transformación de la Función Pública.
En el segundo de los casos, se alegó que la dependencia ya no cumplía con sus objetivos que el país requería de ajustes en el terreno de la fiscalización para responder con eficacia, a las demandas de la modernización.
El debate en el Senado terminó con todo un enredo gracias a la incapacidad priísta para alcanzar acuerdos. Y con las reformas que se aprobaron en la Cámara Alta, el proyecto votado nada tenía que ver con los proyectos del nuevo gobierno.
Así, la Cámara de Diputados dio vida a una controversia constitucional a fin de que la Suprema Corte eliminará, por inconstitucionales, las partes modificadas y aprobadas por los senadores.
Pero poco tiempo fue necesario para que la contradicción apareciera. Y el caso que acabó con los discursos oficiales fue, curiosamente, el de “Lady Profeco”. La dependencia que se dijo no respondía a las necesidades nacionales, fue el instrumento para resolver y enredar todo el asunto. Pero lo importante fue que el gobierno utilizó lo que siempre dijo que no servía.
Y se puede alegar que “no había más”. Pero ello no deja de ser tan sólo, una disculpa para esconder las muchas fallas existentes en la administración federal.
Pero el problema lejos de resolverse, parece destinado a a crecer. Y toca ahora el turno al famoso arraigo.
Pocas figuras legales como el arraigo recibieron tantos ataques y críticas por parte del nuevo gobierno. Se lanzaron acusaciones de todo tipo a los funcionarios de la pasada administración por el uso y abuso de este mecanismo para “encontrar” culpables.
Ahora sin embargo, es el gobierno que lanzó las críticas, el que utiliza el mecanismo citado. Y lo hace con toda la tranquilidad del mundo. Se olvida de todo lo que dijo hace apenas unos meses. Y se vale del instrumento para “trabajar” las pruebas del caso, en esta ocasión el de la posible corrupción del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier.
Y de vuelta, la contradicción. El gobierno federal se olvida de todo lo que dijo del arraigo. Y se puede decir que ahora “se usa menos” o que se “usa mejor”, pero el problema es el mismo. Se criticó un instrumento legal que se dijo que no respondía a los grandes intereses de la legalidad.
Y se usa para tratar de ocultar lo que es evidente: la PGR fue incapaz de acumular las pruebas contra el político tabasqueño y ahora lo “arraiga” en espera de que todo el caso pueda resolverse favorablemente a su proyecto.
Pero en tanto, las contradicciones se acumulan. Los discursos no responden a las promesas y los hechos menos. Pero eso sí, las “soluciones” se encuentran justo en el momento en que se requieren.
QMX/nda