PERSPECTIVAS: Dudas

La información no admite dudas: a lo largo de la pasada administración se utilizó el aparato de justicia del estado para alcanzar fines políticos. Se pagaron testigos, se fabricaron culpables, se montaron escenarios y se inventaron pruebas. Pero hasta el momento, todo lo que se tiene como respuesta oficial, es el silencio que da fortaleza a la impunidad.

A petición de particulares vía el IFAI, la Procuraduría General de la República dio a conocer que en los seis años del gobierno de Felipe Calderón se utilizó la “información de 379 testigos protegidos. El gasto corrió por supuesto, a cargo de los impuestos de los mexicanos. Y la información obtenido condujo al gobierno a ridículos como el llamado “michoacanazo” y a terribles aberraciones jurídicas como el caso de Tomás Angeles Duahare.

El problema radica en el hecho de que la lista de acciones en las que la ley fue violentada para dar satisfacción a decisiones políticas es enorme. Y se acepte o no, es igualmente preocupante el hecho de que todo se realizó con todo el apoyo del poder sin que nadie haya aclarado la razón de todo esto.

Es fácil recordar la persecución política que a base de discursos se lanzó en contra de los rivales políticos con el objetivo de debilitarlos electoralmente. Del mismo modo, se pueden recordar casos como el Jorge Hank Rhon o el de Florence Cassez y, por supuesto, el de los recientemente liberados Noe Ramírez Mandujano y Tomás Angeles Duahare, encarcelados con pruebas fabricadas y con señalamientos de los testigos protegidos.

Pero todo esto es algo que se conoce de sobra. El punto es que, a pesar de todo ello, en la actual administración todo lo que se ha hecho es anunciar cambios en la PGR, de personal y de estructura, liberar detenidos y permitir que los responsables de los sucedido disfruten de la impunidad.

La PGR revela que en el sexenio anterior se utilizaron 379 testigos pagados por la dependencia. Y que sus declaraciones sirvieron para decisiones que terminaron en ridículos y violaciones de los derechos de los acusados.

Sin embargo, ¿ello de que sirve? Ya se sabe que la autoridad inventó pruebas, dio vida a señalamientos que se sabían falsos y utilizó el peso del estado para violentar el marco legal. El país y la legalidad nada ganan con ello.

Por el contrario, saber que se violó la ley y se fabricaron culpables nos pone ante un problema de gran magnitud. El aparato de justicia puede ser utilizado para acabar, o tratar de, con los rivales políticos. Y no se hace nada para demostrar que esa situación ha cambiado.

Todos quienes como autoridad tuvieron parte en cada uno de los casos en los que la ley se violentó, disfrutan de absoluta libertad. Nadie los molesta. Las acusaciones que se hacen desde diferentes campos, se pierden en la nada. El supuesto combate contra la impunidad no pasa de los discursos.

Si a ello se suma el evidente hecho de la negociación en la UNAM, con la ley como moneda de cambio, y de las acciones selectivas con las que se aplica le ley, lo que resulta es más peligroso de lo que se quiere reconocer.

El estado mantiene su “derecho” a negociar la ley. Y ello coloca a todos los ciudadanos, en un real estado de indefensión. A final de cuentas, siempre podrán ser víctimas de delincuentes o de la misma autoridad, según se ofrezca.