Teléfono Roja/José Ureña
El dictamen final sobre lo sucedido en las instalaciones de PEMEX en el Distrito Federal la semana pasada tendrá que ser el punto de arranque en la verdadera lucha contra la impunidad. De lo contrario, será el punto que marque una nueva oportunidad perdida para realmente hacer avanzar al país.
Las razones que llevaron a la tragedia se convierten en un capítulo más, importante, pero que puede convertirse en algo secundario si las reacciones de las autoridades no son las que la sociedad espera.
Y no se trata de especulaciones. El dictamen final, tendrá que ser claro y confiable. Pero serán las decisiones subsecuentes las que conduzcan a la sociedad al terreno de la credibilidad, o las que dejen todo en el vacío y den paso a una nueva desilusión.
Así, el atentado, accidente o lo que sea que resulte de acuerdo a las investigaciones, no podría quedarse sólo en el terreno de la “aplicación de la ley” a toro pasado. En el primero de los casos, se tendría que realizar una operación muy profunda para determinar no sólo qué fue lo que pasó, sino las causas que permitieron que ello sucediera. Y en la segunda de las posibilidades, se tendría que sacudir a la empresa, de manera tal, que muchas cosas tendrían que aclararse.
De cualquier manera, lo que el gobierno tiene en las manos es una bomba de tiempo. Y sea cual sea la causa de la explosión, lo que tendrá que rendir ante la sociedad, es un verdadero recuento de daños, pero no sólo de la tragedia, sino de todo lo que la rodea.
Si se pone a un lado el hecho en sí mismo, las autoridades tendrán que explicar cómo es que en una empresa como PEMEX, las medidas de seguridad son tan fáciles de vencer. La entrada y salida de trabajadores y visitantes puede resultar molesta, pero ya se vio que que dista de ser efectiva.
Así, se tiene que explicar qué es lo que pasa con los programas de mantenimiento y de seguridad. ¿Cómo se aplican, cuáles son las normas, los encargados y los objetivos? ¿Cada cuanto se revisan y cuán se invierte en ellos? ¿Quiénes gastan y cómo lo gastan?
Del mismo modo, habrá que entrar en el tema de de los contratos de todos los servicios que recibe y brinda PEMEX. Y aclarar qué es lo que hace el Sindicato, en dónde lo hace y cómo lo hace. En fin, el dictamen final sobre el accidente no puede cerrarse sólo con el hecho y sus causas. Tendrá que ir al fondo de un problema que no es nuevo, pero que sí es preocupante.
PEMEX es la empresa más importante del país. Es el pilar de las acciones financieras del país. Peor también es blanco de atentados a sus finanzas. Contratos que se deben transparentar, acciones internacionales nada claras. Decisiones que se toman en pequeños grupos y acciones que nunca son explicadas a la nación.
La tragedia en PEMEX si se queda en el terreno del accidente, obliga a decisiones para iniciar la batalla en contra de la impunidad.
En el caso Cassez se presentó la oportunidad, pero el gobierno ha decidido guardar silencio. En el tema de los militares detenidos sin pruebas, se alcanzó un nuevo punto para arrancar la batalla que tanto se ofreció en campaña. Pero hasta el momento nada se ha hecho.
Ahora, es el caso PEMEX. Y la corrupción que agobia a la empresa está a la vista. Sea cual sea la causa del estallido, la oportunidad para demostrar que el combate a la impunidad es real, está al alcance de la mano.
Pero pudiera ser que en el gobierno decidieran quedarse sólo en “aclarar los hechos”. Y entonces, habremos entrado en la ruta de los tiempos perdidos. Con todo lo que ello significa.
QMX/nda