Teléfono rojo
La Auditoría Superior de la Federación ha puesto a la vista de todo mundo, una larga serie de irregularidades, cuando no de corrupción, cometidas en la pasada administración. Y como “cereza del pastel” aparece, no podía ser de otra manera, lo sucedido con la famosa Estela de Luz.
En el panorama presentado por la ASF, hay una interminable danza de millones de pesos. Y se pasa de “irregularidades” a “pagos indebidos” o la poco clara “devolución de impuestos” en una presentación que, se acepte o no, deja bastante mal parada a la administración de Felipe Calderón.
La lógica indicaría que, después de todas estas informaciones, el gobierno en turno pasaría al tema de las investigaciones, aclaraciones y, en su caso, a las sanciones adecuadas en el caso de delitos que, por lo demás, parecen ser más que obvios.
Pero la verdad en todo esto, hay indicadores que hacen suponer que más que hacer justicia y aclarar las cosas, en la actual administración federal hay una evidente intención de presionar a los panistas, para que dejen se entorpecer leyes y proyectos, especialmente los relacionados con el Pacto por México.
Si se hace un ejercicio de memoria, nada sofisticado, se encontrará que en los poco más de dos meses que tiene de iniciado, el nuevo gobierno no ha hecho el menor de los movimientos para sancionar las irregularidades de la pasada administración.
Si en el caso Cassez se violentó el debido proceso, nadie ha resultado responsable. Y no hay que se sepa, una investigación real sobre lo sucedido, a pesar de que ello condujo al país e un ridículo internacional terrible.
Si hay militares detenidos “sin pruebas” de acuerdo a la PGR, nada se ha hecho por aclarar el caso y menos aún, por determinar responsabilidades de las autoridades del caso en el momento de la detención de los hombres de verde.
Si en la explosión de Pemex hay fallas que llegan desde el pasado reciente y que terminaron en una tragedia que le costó la vida a un buen número de trabajadores de la empresa, nadie ha puesto en marcha un proceso que lleve a dar transparencia total al caso.
Hay por supuesto, otros casos. Pero lo anterior sirve para ejemplificar el que no se ha hecho nada serio para clarificar situaciones de todos conocidas.
Ahora, se tiene el “nuevo peritaje” en la tragedia de Pasta de conchos. Y claro está, el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación que pone en evidencia la irresponsabilidad con la que el dinero público se manejó en la pasada administración.
Pero como en los casos anteriores, estos últimos no parecen estar destinados a la clarificación. Tienen más una imagen de factores de presión para que ciertos grupos de panistas acepten las negociaciones con el nuevo gobierno, que el de aplicar la ley y sancionar si hay delitos que castigar.
Y si ello es así, que es lo que hasta el momento parece ser, entonces tendremos con toda claridad, que el discurso en contra de la impunidad es sólo eso, un discurso.
Se busca un objetivo político mediático de corto plazo. Se quiere el respaldo absoluto para el Pacto.
Y todo lo demás puede quedar en el olvido.
Salvo que sea necesario presionar y disciplinar a quienes no aceptan que la “lealtad por México, hoy se encuentra solamente en el Pacto.
QMX/nda