PERSPECTIVAS: Justicia

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, ha puesto en claro el problema de la justicia en nuestro país. El problema es que sin embargo, lo que se anuncia es tan sólo la reconstrucción del aparato institucional encargado de ese tema, cuando lo que parece tendría que ser el inicio de esa recomposición no es otra cosa que las sanciones a quienes destruyeron el andamiaje de la justicia mexicana.

El procurador general de la República utiliza un modo suave para reiterar los señalamientos sobre el problema que existe. La PGR dice, está simplemente desmantelada. Se acabó con la policía de investigación, se entregaron poderes absoluto a la policía federal y se permitió un conflicto entre la procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública.

Y la explicación es más que cierta. En la actualidad, la PGR no tiene la menor capacidad para realizar investigación alguna. Es a lo más, una institución que con algunas facultades, puede colaborar en ciertos casos, para ciertas acciones que difícilmente podrían ser consideradas como reales soluciones.

El diagnóstico es contundente. Y como solución se plantea la reestructuración total. Se habla del apoyo presidencial al programa puesto en marcha. Se anuncia una policía científica y una investigación  confiable y seria. Y todo está bien. Pero la solución ¿puede aplicarse sin tener en cuenta las responsabilidades que implica el haber puesto a la PGR en el sitio en que se encuentra?

Dicho de otra manera, ¿no hay sanciones que aplicar para quienes desde el poder desmantelaron a la procuraduría y le permitieron a la policía federal acciones que no estaban en su marco de acción?

Al mismo tiempo, ¿puede confiarse en una “nueva” institución encargada de realizar todo lo necesario para que la justicia recobre su lugar en nuestro país si su primer paso es simplemente no hacer nada con respecto a quienes demolieron el aparato de justicia?

Parece no haber mucha lógica en ese accionar. Salvo que las decisiones políticas, a pesar de los discursos, tengan un peso específico y por lo tanto, la justicia deba caminar en dos pistas: una para los ciudadanos y otra para quienes detentan el poder.

A querer o no, el procurador Murillo Karam ha puesto en blanco y negro el problema. Ha realizado un diagnóstico claro y poco discutible. Pero al momento de aplicar la solución, el problema aparece en toda su magnitud.

Y el problema es sencillo. Se trata de la impunidad.

Impunidad para quienes utilizaron el aparato de justicia para tratar de eliminar del escenario a los rivales políticos. Impunidad para quienes desde el poder, utilizaron a las instituciones de justicia para llevar a prisión a inocentes. Impunidad para quienes fabricaron pruebas y compraron testigos para dar satisfacción a sus intereses particulares.

Impunidad en síntesis, para quienes desde el poder, se dedicaron a desmantelar un aparato de justicia con muchos problemas, para terminar entregando una PGR incapaz de dar cumplimiento cabal, a sus muchas responsabilidad.

El problema es presentado de manera clara. La solución es la que, se acepte o no, está muy lejos de ser todo lo seria que se podría esperar.

QMX/nda