El INE y la complicidad
Más allá de la forma en que se resuelva, ya que es imposible no hacerlo, el problema de la deuda de muchos estados y municipios, la decisión final tendrá que asumir un costo político enorme, ya que, de aplicarse el rigor en este asunto, las responsabilidades llegarían a niveles muy importantes.
Estados y municipios endeudados son señalados desde todos los frentes. Y gobernadores y alcaldes son puestos sin más, en el banquillo de los acusados y se clama por sanciones que al menos en el terreno de la venganza, den a la sociedad algún tipo de satisfacción, con castigos severos a los responsables.
Pero el problema va mucho más allá de mandatarios estatales y alcaldes. Las deudas implican a otro tipo de autoridades. Ya sea por comisión, ya por omisión.
Todo mundo sabe que ayuntamientos y estados se fueron de bruces sobre la práctica del endeudamiento. Y todo mundo sabe que en buena parte de los casos, la deuda no se convirtió en proyectos de beneficio social. Y hay casos, en los que la corrupción para beneficio de las autoridades es más que evidente.
No obstante, si ello es cierto, la pregunta obligada es ¿en dónde se encontraban las autoridades hacendarias encargadas de controlar este tipo de situaciones.
Es cierto que no se tenía un límite marcado para los niveles de deuda. Y es cierto que los Congresos locales hicieron uso de su autonomía, aún cuando ello fuera para crear un problema mayor.
Sin embargo, ¿no la Secretaría de Hacienda tendría que haber tomados medidas para evitar que el problema se fuera de las manos? ¿No los extitulares de esa dependencia tienen algo que ver con todo el colapso que hoy se quiere resolver?
Es obvio que estados y ayuntamientos no pueden resolver el problema por sí solos. Es claro que no tienen los recursos para ello. Y por lógica la Federación deberá tomar cartas en la solución.
Pero más allá de todo ello, cuando se hable de los responsables ¿no tendríamos que iniciar por quienes desde el gobierno federal dejaron correr el problema en espera de que las condiciones políticas se convirtieran en un beneficio electoral?
Agustín Carstens, José Antonio Meade, hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ernesto Cordero se desempeñaron en la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, ¿no tendrían que explicar cómo es que se permitió que la deuda se convirtiera en el problema que es en la actualidad?
¿Se puede demandar responsabilidad en quienes promovieron los endeudamientos, pero no aplicar la misma medida para quienes se atendieron el problema?
La aplicación de las sanciones no puede ser de carácter selectivo. Ni es posible aceptar que la Secretaría de Hacienda no tenía nada que ver en todo esto.
Las decisiones para resolver el problema pueden ser de diversa índole y aplicarse de muy diversas maneras.
Pero a final de cuentas, quien tendrán que sacrificarse es el ciudadano.
Así, si en verdad se quiere ir al fondo del problema ¿no se tendría que demostrar que no se tolerarán fallas de ningún tipo en ningún tipo de autoridad?
Sancionas a unos, perdonar a otros y proteger a varios más sería la mejor demostración de que nada ha cambiado. Y el mensaje sería claro está, desastroso.
QMX/nda