PERSPECTIVAS: Plazos efectivos

Poco a poco, pero con toda claridad, la velocidad política del nuevo gobierno declina. Y poco a poco, pero con firmeza, el proyecto real se pierde en un mar de discursos confusos y de planes y proyectos que no tienen plazos efectivos para concretarse.

Pero si las grandes reformas pasaron casi en secreto, del primer semestre al segundo, esto es, más allá de las elecciones de este año, las contradicciones aparecen como una constante.

Al inicio fue todo el problema de la lucha contra la impunidad con la que se llenaron los discursos del naciente gobierno. La promesa fue contundente. Pero todo quedó en palabras. Nada sobre los responsables del ridículo en el asunto de Florence Cassez. Nada en torno al aún no resuelto caso de los militares encarcelados sin pruebas. La impunidad, combatida sólo en los discursos.

Pero las cosas no sólo no pararon ahí, sino que avanzaron para mal. Ahora, las contradicciones se colocan como parte central de las acciones del gobierno.

Desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto cobró vida, el discurso oficial mostró la determinación de combatir a los famosos “grupos fácticos”. Esto es, el gobierno anunció que iría en contra de todos aquellos que, de una u otra manera, le disputan al Estado la conducción del país.

Y se habló de iniciativas y acciones firmes para alcanzar los objetivos planteados.

Pero a cambio, las cosas simplemente dicen que se marcha, pero en sentido contrario.

De esta manera, los proyectos no llegan al escenario político para su discusión. El programa de reformas a la ley de amparo apenas acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados, después de que hace algo más de un año, había sido aprobada en el Senado. Pero pudiera ser que los senadores decidieran modificar algo al proyecto, y con ello, debido a los tiempos y formas legislativos, todo el proyecto quedaría congelado algunos meses más. Y los grupos fácticos gozarían de cabal salud.

Sin embargo, el punto más claro de las contradicciones sería el asunto de las policías irregulares que han aparecido en diversas entidades en las últimas semanas.

Estos grupos son, con todos los argumentos que se quiera esgrimir a su favor, un fenómeno que atenta contra la gobernabilidad en el país. Grupos que le disputan al estado el uso de la violencia para dar protección a sus comunidades.

Queda a la vista la incapacidad de las autoridades en los estados en donde el fenómeno aparece. Pero cuando el gobierno federal negocia con ellos y los convierte en interlocutores válidos, lo que se hace es  reconocer actividades ilegales.

La situación empeora cuando lo que se tiene a la vista es un reconocimiento de grupos de los que nadie dice qué es en realidad lo que representan, a quién verdaderamente representan y cómo es que se hicieron del armamento que utilizan.

En este caso, ¿qué es lo que pierde el estado y cuánto poder se entrega?

La contradicción queda entonces muy clara. El discurso habla de la lucha para aplicar la ley, a fin de que los grupos fácticos no se ubiquen por sobre el estado. Pero más allá del discurso, lo que se hace es reconocer a grupos instalados en la ilegalidad. El doble discurso para una sola realidad que no es otra que la incapacidad para resolver una problemática que, poco a poco le resta velocidad al nuevo gobierno y poco a poco, pero con firmeza, entorpece la realización de los proyectos prometidos.

QMX/nda