PERSPECTIVAS: Política y justicia

La visita del presidente de los Estados Unidos a México paralizó, en el mejor de los casos, a todo el aparato de política y justicia en México. Y para evitar problemas que pudieran desbordar los canales necesarios para que la llegada de Barack Obama transcurriera con “tranquilidad”, se decidió llevar los cauces de la “negociación” a los extremos del riesgo futuro.

Con buena parte del país sumergido en conflictos político sociales serios, las autoridades de todo orden, decidieron simplemente dejar de aplicar la ley. Y más aún. Decidieron negociarla, con todo lo que ello implica o puede implicar, hacia el futuro inmediato.

A fin de que la ciudad de México no se convirtiera en un “campo minado” que pudiera hacer estallar la visita del mandatario estadounidense, se permitió el asalto a la Rectoría de la UBAM. Y se negoció con el grupo que de manera violenta, se apoderó de la imagen de control de la institución.

Para empeorar las cosas, se aceptó que los encapuchados que tomaron la Rectoría se marcharan sin que nadie les molestara, después de algo más de diez días de violaciones a le ley. Nadie los tocó a pesar de que existían diversas denuncias ante la autoridad correspondiente en su contra. Se negoció la ley.

Se mantuvo la presión en torno al magisterio, pero se aceptó la comisión de actos de violencia a pesar de que ello ponía en riesgo a muchas personas.

Pero la visita del presidente de los Estados Unidos termina hoy. Y los acuerdos, cualesquiera que puedan ser, están ya en la agenda de ambos países. Y entonces, la pregunta obligada es ¿ahora qué se hace con aquellos que mantienen la presión política en contra de las acciones del gobierno federal.

La respuesta no tiene nada de sencilla. Ya no existe aquello del “estado de derecho” o de la “debida aplicación de la ley”. Después de aceptar que el asalto a la Rectoría se resolviera mediante “el diálogo”, no parece sencillo aplicar la ley a quienes cometan delitos similares.

Esto es, el gobierno negoció con uno o varios grupos un hecho delictivo evidente. Y con ello marcó una ruta para todos los demás.

Por supuesto, se puede a partir de ahora, hacer valer la fuerza del estado, dentro de la ley por supuesto, pero quedará en el aire el hecho, innegable, de que ya no existe la imparcialidad en el estado. A unos se les permite algo y a otros no. ¿con qué criterio?

La visita de Obama a México llegó en un momento complicado para el gobierno. Los grupos opositores a las reformas habían dejado sentir no sólo su fuerza, sino la idea de que no podrían ser controlados mediante la fuerza.

Del mismo modo, los grupos de interés habían dejado sentir su malestar por algunas reformas y con el apoyo del panismo, lograron detener la presentación en sociedad, de la llamada reforma financiera.

Y la UNAM había entrado por la puerta trasera, al terreno de los conflictos políticos, sin que la autoridad se decidiera a intervenir, no obstante la denuncias presentadas por la institución.

Ahora, los mismos grupos se mantienen en su lucha. ¿Ahora sí se les aplicará la ley? ¿Y cuál será la explicación para que el gobierno se comporte de otra manera?

Se acepte o no, el gobierno detuvo y negoció la aplicación de la ley. Decidió que el momento actual no resultaba el mejor para mostrar fuerza. Y aceptó “el diálogo”. Pero a partir de ahora, ¿cómo se explica que el diálogo ya no es la solución?

QMX/nda