PERSPECTIVAS: Presión política

La Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación inmediata de 15 campesinos encarcelados con pruebas falsas e inducidas, acusados de participar en la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.

Esta que en sí misma es una nota importante por que deja ver la facilidad con la que el aparato de justicia del Estado puede convertirse en una herramienta de presión política, resulta ser una pésima noticia para Ernesto Zedillo, quien enfrenta en Estados Unidos la posibilidad de ser enjuiciado precisamente por los mismos hechos.

En Acteal se registró uno de los hechos de violencia más graves en la historia moderna del país. Casi medio centenar de campesinos fue asesinado durante el gobierno zedillista. Y los esfuerzos del gobierno fueron encaminados a encubrir lo sucedido. Y para ello, se culpó a un buen número de inocentes.

La Suprema Corte ordenó en fallos anteriores, la liberación de otros de los detenidos por este caso y con los 15 nuevos liberados, el total ascienda a 53, lo que deja ver la gravedad del hecho.

La parte central de todo sin embargo, radica en el hecho de que esta liberación, sumada al hecho de que un fallo de juez dejó sin validez la petición de la Embajada de México para que Estados Unidos recomendara inmunidad para Ernesto Zedillo.

En otras palabras, ante la demanda presentada con Zedillo por la masacre en Acteal, México había solicitado a Estados Unidos que recomendara a sus jueces, se concediera impunidad al expresidente mexicano.

Pero un juez determinó que esa posibilidad no tiene validez por el simple hecho de que en nuestro país no existe la figura de la impunidad. Así, las autoridades de Estados Unidos podrían juzgar a Zedillo sin mayores problemas, ya que el Departamento de Estado deberá dejar que el juicio corra de acuerdo a las leyes, sin privilegios para el señor Zedillo.

El exprimer mandatario enfrenta un doble problema. En México se enfrenta al grupo de campesinos que lo ha demandado. Y en Estados Unidos tiene una demanda, sin que se tenga claro el promovente, que es a final de cuentas la que podría convertirse en su verdadero dolor de cabeza.

Pero el problema tiene también otras aristas.

De acuerdo con los documentos presentados en el caso, resulta que buena parte de la idea para que se recomendara inmunidad para Zedillo, se originó en la embajada mexicana en Washington. Y entonces, lo que se tiene que investigar es cómo se originó todo esto, ya que la orden tendría que haber llegado desde la ciudad de México, vía los mecanismos tradicionales para este tipo de problemas.

Para Ernesto Zedillo la situación no es fácil. Sin el apoyo del gobierno mexicano y sin la protección del gobierno de los Estados Unidos, y con la liberación de un nuevo grupo de campesinos acusados de la masacre y encarcelados mediante pruebas ilícitas, las posibilidades de que resulte enjuiciado no son menores.

Y si a ello se añade el hecho de que México es uno de los pocos países que aún conceden inmunidad a sus ex presidentes, la situación se convierte en realmente compleja para los intereses de Ernesto Zedillo.

Pero la peor parte es que aún quedan muchas cosas por presentarse. Y todas de peso en contra del exjefe del Ejecutivo

QMX/nda