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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de diciembre de 2018.- Entre protestas y desacuerdos de legisladores del PAN, PRD, y MC, así como de organismos sociales, particularmente de Seguridad Sin Guerra, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo general y particular el dictamen a la iniciativa de reforma Constitucional que propone la creación de la Guardia Nacional.
Primero, fue avalada en lo general con los artículos no reservados, con 18 votos a favor y seis en contra del PAN, PRD y MC, mientras que los diputados del PRI expresaron un voto particular y se retiraron de la reunión; mientras que en lo particular el dictamen se aprobó con 20 votos a favor de Morena, Encuentro Social, PT y PRD.
Durante la discusión de las reservas se aceptaron modificaciones a cinco artículos e inclusión de dos más transitorios, donde entre los cambios avalados se estableció que el Congreso podrá disolver la Guardia Nacional si no cumple sus objetivos.
Y se asienta la participación del Congreso en el desarrollo de los esquemas de certificación y capacitación de la Guardia Nacional y en su caso, la disolución de la misma. Además, se establecen esquemas para la reestructuración y el fortalecimiento de las capacidades de las policías, tanto federal como estatales y municipales.
También, quedó establecido la eventual transición del mando militar a uno civil en un lapso máximo de cinco años; mientras que, en cuanto la norma entre en vigor el Congreso tendrá 60 días para emitir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones, con las cuales se desarrollarán los esquemas de certificación y capacitación para el adiestramiento y profesionalización de la Guardia.
Otra modificación que presentó el dictamen, se refiere a que la Ley incluya plena certeza de cuándo los integrantes de la Guardia Nacional serán juzgados por el fuero civil y cuando por el fuero militar.
También se hizo modificaciones al artículo 16, para clarificar el actuar de las autoridades en el caso de detenciones, y quedó establecido que los detenidos por integrantes de la Guardia Nacional deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil y en todos los casos existirá un registro inmediato de la detención, “se garantiza que ningún detenido podrá ser trasladado ni puesto a disposición de autoridades militares”.
En la discusión se presentaron diversos desencuentros y protestas por parte de los grupos parlamentarios de oposición, quienes reclamaron que la Guardia Nacional no resolverá el problema de inseguridad, además de que debería llevar más tiempo su discusión.
Además, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acusó simulación en el análisis del dictamen, pues afirmó que no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta las opiniones y propuestas de especialistas y grupos de la sociedad civil que fueron invitados por la misma comisión para analizar el tema.
El integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, Alfredo Lecona, afirmó que en el análisis de la iniciativa que crea la Guardia Nacional se hicieron oídos sordos a lo que planteó la sociedad civil, pues, aseveró, no hubo ningún diálogo, ni debate con las distintas organizaciones civiles que vinieron a decir ‘no’ al proyecto.
“No hay ningún diálogo ni debate, éstos están cancelados. La prueba se dio en los últimos días cuando vinimos 16 personas de distintas organizaciones civiles, con diversas experiencias, a decirles que no, y están haciendo oídos sordos”, y acusó que los legisladores tratan de hacer un dictamen de forma apresurada.
En la tarde-noche de este jueves, el dictamen fue avalado en lo particular y en la sesión de este viernes 21 de diciembre, se le dará primera lectura, para que pueda ser discutido, probablemente en el Pleno camaral la próxima semana después de Navidad, dijo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo.