Matan al exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de marzo de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que por la presunta red de lavado de dinero por la que señalan al empresario queretano Manuel Barreiro ha realizado cateos autorizados por un juez de control a diversos inmuebles y asegurado cuentas bancarias.
Ello, destacó en un comunicado, sin contravenir ninguno de los principios del debido proceso, salvaguardando la presunción de inocencia y considerando que detalles de la información ya han sido difundidos en los medios de comunicación, así como existen pronunciamientos públicos de personas relacionadas con la indagatoria,
El pasado 26 de octubre de 2017, recordó, recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación.
Por lo anterior, y con base al análisis de los datos expuestos en la denuncia de referencia, se han llevado a cabo diversas acciones y técnicas de investigación, entre ellas, cateos autorizados por un juez de control a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias e inspecciones a varios inmuebles.
Subrayó que bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, se ordenó citar a diversas personas, quienes acudieron a rendir su entrevista.
Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Federación.
Destacó que la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se conduce salvaguardando el sigilo de la misma en concordancia con el principio de La estricta Reserva de la Investigación.
Y que en términos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y conforme con las facultades del Ministerio Público de la Federación, las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos no en contra de personas. Una vez concluida la investigación, se hará la determinación de los probables imputados y se presentarán ante la autoridad judicial correspondiente.
Reiteró que actúa conforme a la ley, investiga en el marco de sus obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas.