PGR obliga a trabajar a perito embarazada y pierde a su bebé

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2017.- Autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) obligaron a una perito en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aunque en la dependencia conocían su estado de salud por embarazo de alto riesgo, los servidores públicos restaron la importancia que el caso ameritaba, minimizaron los riesgos, violentaron sus derechos humanos y se enfocaron únicamente a que se cumplieran las expectativas laborales, aun cuando existió disponibilidad para que otros funcionarios atendieran las peticiones del Ministerio Público de la Federación.

En este sentido, la CNDH emitió la Recomendación 22/2017, dirigida al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, luego de constatar que, con la actitud de los servidores públicos se violaron los derechos humanos de la mujer a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración.

Desde el 4 de febrero de 2015, la agraviada interpuso queja ante la CNDH, en que refirió que fue enviada en forma reiterada a diversas comisiones de trabajo a distintas entidades federativas, sin consideración alguna por su embarazo de alto riesgo, lo que representó un peligro para ella y el producto de la gestación, por las condiciones climáticas, materiales, de difícil acceso en zonas de alta peligrosidad y precaria en relación a los alimentos, no obstante, las indicaciones médicas que recomendaban reposo.

Tras conocer su embarazo con 3.6 semanas de gestación, el 13 de abril de 2014 acudió a la Unidad de Urgencias del ISSSTE, donde le expidieron licencia médica por cinco días, con el diagnóstico de amenaza de aborto. Al entregar la incapacidad y el dictamen médico a su superior, el Subdirector del Departamento de Medicina Forense le señaló que “el estar embarazada no era incapacitante, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba”.

En diferentes fechas los médicos del ISSSTE le incapacitaron, dándola de alta con plan de egreso a su domicilio, pero por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido fue obligada a realizar las actividades propias de su encargo, para lo cual tuvo que trasladarse por vía terrestre, por caminos accidentados en vehículo automotor y caminando por cerros y montañas, cargando su maleta y su caja de herramientas. Sus superiores se negaron a recibir las incapacidades y le dijeron que tenía que atender sus requerimientos de trabajo.

El 16 y 17 de junio de 2014 fue en comisión de trabajo a Chilpancingo, Guerrero, y señaló que fue amenazada de despido en caso de incumplimiento. La misión fue riesgosa y el Agente del Ministerio Público solicitó a la Marina Armada de México custodia para los peritos, quienes concluida la tarea retornaron a la Ciudad de México sin haber dormido, comido, ni descansado.

Bajo amenazas de que la despedirían o la mandarían a Aguililla, Michoacán, o a los tiros de mina a buscar muertos, cumplió con varias órdenes de trabajo, como acudir a la Sierra Tarahumara, acompañada de elementos del Ejército Mexicano, donde debió soportar temperatura de 40 grados Celsius, sin comer y sólo ingerir líquidos.

Mencionó que el 26 de junio siguiente, en Chihuahua, tuvo sangrado vaginal, por lo que allí acudió al Hospital General del ISSSTE Presidente Lázaro Cárdenas, donde le diagnosticaron amenaza de aborto; le dijeron que el cérvix estaba irritado por la retención de líquidos durante lapsos prolongados y le extendieron licencia médica con reposo, lo que no pudo llevar a cabo.

El 5 de julio siguiente tuvo dolores y expulsión de líquido, por lo que se trasladó al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, donde le informaron que se había roto la fuente y al día siguiente se le practicó un aborto, con 18.1 semanas de gestación.

Denunció que el 23 de julio, ya reintegrada a su trabajo, se negó a realizar una exhumación, puesto que se sentía débil, por lo que su superior instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia, y a partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos.

Indicó que en varias ocasiones uno de sus superiores le dijo que no era posible que renunciara y si lo hacía iniciarían procedimiento administrativo o penal, y su falta de profesionalismo le ocasionaría problemas legales. Debido a la violencia laboral y relaciones hostiles, se vio forzada a no renovar su contrato con la institución, por lo que dejó de laborar el 31 de diciembre de 2014.

Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó que las autoridades involucradas violentaron los mencionados derechos humanos de la víctima; transgredieron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales.

Por ello, la CNDH recomienda al titular de la PGR reparar el daño a la mujer que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatología, así como emitir un protocolo de actuación, con directrices que deberá seguir el personal directivo de la PGR, para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez, así como capacitar y formar a todo el personal de esa instancia en materia de derechos humanos con perspectiva de género.

También, colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR contra las autoridades señaladas, para que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad; continuar con la integración y perfeccionamiento con perspectiva de género de la averiguación previa correspondiente, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, contra los involucrados.

Derechos Humanos también solicitó a la PGR incrementar la plantilla de personal pericial capacitado en materia de derechos humanos con perspectiva de género, para que cuente con los recursos necesarios, suficientes y debidamente organizados para cumplir con sus actividades sustantivas, dando oportunidad a las trabajadoras embarazadas de recibir la atención y cuidados especiales que requieran.