Pide CCE a gobierno y candidatos pacto nacional contra inseguridad

CIUDAD DE MEXICO, 4 de junio, (Quadratín México).- En periodo de campañas políticas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado al gobierno federal y a los actores políticos para que impulse un “gran pacto nacional” para combatir la inseguridad, pues este tema, aseguró, es la prioridad número uno.

“Lo que esperamos del próximo gobierno federal, del signo político que sea, es el liderazgo para que los mexicanos alcancemos la seguridad pública y el Estado de derecho pleno”, señaló el presidente del organismo empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani,

Además, dijo, “fortalecer los esfuerzos, los avances y políticas públicas que estén dando resultados; rectificar lo que sea necesario en la estrategia y dar paso a un gran pacto nacional que nos una en la ruta a seguir”.

Luego de dar su apoyo para continuar con la estrategia del presidente Felipe Calderón Hinojosa de combatir frontalmente al crimen organizado, Gutiérrez Candiani, pidió por a los candidatos a la Presidencia, a través del documento “La voz del CCE”, que emitan sus posturas claras y una ruta a seguir viable y de alcance amplio, con compromisos precisos para entregar resultados concretos y oportunos.

Dijo que la inseguridad pública es, sin lugar a dudas, el tema que más preocupa a la mayoría de los mexicanos y, en la coyuntura electoral, es el reto más acuciante para quienes aspiran a gobernar al país.

La posición del Consejo Coordinador Empresarial en este tema, en representación del sector empresarial, es coincidente con la que se expresa desde diversos sectores de la sociedad y con el sentimiento de millones de personas en el sentido de que es la prioridad número uno, reiteró.

Califica como esperanzador que los candidatos a la Presidencia hayan mostrado su disposición para suscribir un pacto nacional contra la delincuencia y la inseguridad, como lo manifestaron ante la convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Esto también implica cumplir en su totalidad los compromisos adquiridos en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y Legalidad, que en agosto sumará cuatro años de vigencia.

Dijo que los gobiernos estatales, sin excepción, deben ir al fondo de la depuración, dignificación y certificación de sus policías y aparatos de justicia. Son responsables ante los delitos del fuero común, recordó.

En el ámbito legislativo, hay que sacar adelante, cuanto antes, la legislación contra el lavado de dinero efectiva y aplicable, al tiempo que se fortalece y dota de mayores recursos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al Grupo Especializado en Investigaciones Financieras y de Lavado de Dinero dentro de la Policía Federal.

La Ley de Seguridad Nacional es indispensable y es preciso avanzar hacia las policías únicas en los estados, que resulta la mejor alternativa disponible ante el problema de la debilidad crónica de las fuerzas públicas municipales.

El directivo insistió en la homologación de códigos penales y en la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) y los ministerios públicos, que deben profesionalizarse y convertirse en centros de atención a víctimas y fiscalías autónomas.

La lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que ir a fondo, y para ello se necesita un avance más rápido en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, en todo el país, asegurando recursos suficientes, señaló.

En materia de narcotráfico, México tiene que ser mucho más activo en la búsqueda de acuerdos de corresponsabilidad internacional, al igual que ocurre con el tráfico de armas.

En general, hay que consolidar una estrategia integral de combate al crimen organizado, con un enfoque transexenal y que ponga más énfasis en la inteligencia y la disuasión, más que en la fuerza punitiva, expuso.

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