Cae El Cholo Palacios, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de mayo de 2017.- Este viernes, Comunicación e Información S.A. de C.V. (CISA), empresa editora de la revista Proceso y de este portal informativo, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), que sus oficinas fueron allanadas por tres desconocidos luego de realizar movimientos y comunicaciones en el exterior del inmueble sin detallar si se sustrajo algún bien.
Detalla la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en un comunicado, que una revisión del sistema de video vigilancia permitió seguir los movimientos de tres sujetos que el pasado domingo 21 de mayo ingresaron a las instalaciones.
Es necesario tomar en cuenta que reporteras, reporteros y corresponsales de Proceso han denunciado haber sido objeto de distintas amenazas y agresiones, entre éstas, resalta el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez en 2012 y el del colaborador Rubén Espinosa en 2015, además denuncian ataques cibernéticos e intentos de hackeo a los servidores del medio de comunicación.
Subrayó que esta situación se da en un clima de violencia exacerbada en contra del gremio periodístico en el que han sido asesinadas y asesinados siete periodistas en lo que va del año, por lo que el pasado 17 de mayo el Ejecutivo Federal y la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) se comprometieron a emprender “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, que exhorta sean implementadas con urgencia y tomando en cuenta las opiniones y valoraciones de los periodistas de cada entidad federativa.
Evocó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Para la CDHDF resulta urgente abatir la impunidad en estos casos y prevenir cualquier ataque que pretenda inhibir o silenciar la labor periodística tan fundamental para una sociedad que pretenda ser democrática, por lo que exhortamos a las autoridades competentes a cumplir con su deber y aplicar todas las medidas de prevención y protección para quienes integran el equipo de la revista Proceso, así como investigar con debida diligencia y celeridad la situación denunciada.