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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y de Chiapas brindar a personas menores de edad y sus familias alojamiento alternativo.
Al emitir nuevas medidas cautelares a diversas autoridades para que protejan los derechos de las personas menores de edad en contexto de movilidad que se encuentran detenidas en el Recinto Ferial de Tapachula, también solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que investigue el caso de una persona que fue asegurada por personal de esa instancia en el municipio de Arriaga, Chiapas, que fue golpeada por un servidor público de dicha institución.
En el primer caso, durante las labores de seguimiento y acompañamiento de la Caminata Migrante realizadas por personal de la CNDH, se observó particularmente la situación de niñas, niños y adolescentes detenidos en las instalaciones del Recinto Ferial –el cual ha sido habilitado como lugar cerrado con seguridad estatal perimetral, a cargo del INM—, quienes están expuestos a situaciones que podrían provocarles problemas psicológicos y de desarrollo, relacionados con sus experiencias durante la detención.
Para la mayoría de estas personas menores de edad, dicha situación incluye la pérdida de la libertad ambulatoria, tanto de ellos como de sus familiares, y la separación forzada del mundo exterior, además de que en muchos casos ya cuentan con la constancia de trámite que los acredita como solicitantes de la condición de refugiado, lo que les permite mayor movilidad y alojarse en albergues de la sociedad civil.
Por tal motivo y al acreditarse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño que deben cubrir las medidas cautelares para que proceda su otorgamiento, la CNDH solicitó la implementación de las mismas al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez; a la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esa dependencia, Patricia Martínez Cranss; al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Elías García Benavente; al Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Jesús Naime Libién; al Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García; a la encargada de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Yolotli Fuentes Sánchez, y a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez.
Tales medidas consisten en:
Otorgar inmediatamente a la población menor de edad y a sus familiares que se encuentran en el «Recinto Ferial» de Tapachula, y que al mismo tiempo sean solicitantes de la condición de refugiado, una alternativa de alojamiento adecuado para proteger de manera integral sus derechos humanos.
Llevar a cabo de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, acciones conjuntas con organizaciones o instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de que se generen dichos espacios de alojamiento alternativo en albergues de la sociedad civil de Chiapas a donde puedan ser canalizadas.