Pide CNDH redefinir políticas públicas sobre la salud mental

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2018.- La falta de información sobre lo que es la salud mental, la estigmatización y prejuicios hacia las personas con algún padecimiento en ese campo o la mera posibilidad de tenerlo, así como el desconocimiento de que pueden prevenirse,  atenderse y controlarse no han generado mayor conciencia pública ni desarrollado una cultura de conocimiento, prevención y tratamiento en esta materia.

Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la inauguración del Seminario El Derecho y la Salud Mental, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red Temática de Ciencias Forenses y agregó que factores como el estrés, violencia, disfuncionalidad familiar, cambios súbitos de humor, alteraciones en el sueño, pérdida de memoria, miedos o comportamientos compulsivos se perciben como normales, lo que dificulta la prevención, el reconocimiento temprano y el otorgamiento de ayuda o atención especializada y oportuna.

De acuerdo con un comunicado, demandó al Estado mexicano atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos, y puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.

Al destacar que personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asiste al mencionado Seminario para ampliar sus conocimientos sobre el tema y aplicarlos en sus labores, González Pérez expuso que cerca de 29 por ciento de la población mexicana entre 18 y 65 años ha padecido algún problema de salud mental -estimación que puede ser mayor por el desconocimiento del tema-, que el presupuesto asignado a esta cuestión se acerca al 2 por ciento del gasto total en salud y hay un especialista por cada 29 mil habitantes, por lo cual hizo un llamado a generar un cambio para otorgar atención prioritaria a los pacientes, revisar y adecuar las políticas públicas y presupuestarias, así como los marcos normativos correspondientes.

En su oportunidad, María Elena Medina-Mora Icaza, Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, destacó la presencia de la Doctora Mariana Mureddu Gilabert y de la CNDH en este Seminario, enque se analizará la situación de las personas que viven con discapacidad psicosocial desde la perspectiva legal.

Detalló que durante las sesiones que se desarrollarán del 16 de mayo al 7 de noviembre del presente año, se abordarán, entre otros temas, las necesidades que enfrenta ese sector de la población, la puesta en marcha de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la integración de un nuevo expediente clínico psiquiátrico y el marco jurídico de la salud mental en materias civil, familiar y penal.

Señaló que las reflexiones y conclusiones de dicho encuentro, en el que participan especialistas, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos, permitirán avanzar en los esfuerzos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y los de sus familias.

Por su parte, la Doctora en Derecho Mariana Mureddu Gilabert, expresó que se examinará el papel desempeñado por el derecho mexicano para resolver las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial, a la cual no se le ha dado la relevancia que requiere, porque no siempre es evidente y existen problemas para diagnosticarla.

Subrayó que la legislación nacional no ha evolucionado conforme al incremento de ese tipo de discapacidades, por lo cual propuso que, a la luz de lo estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y mediante el análisis de casos particulares, se elabore un diagnóstico para identificar los retos que enfrenta la implementación de dicho instrumento internacional en nuestro país.

Al considerar que la información de los usuarios de servicios es de suma importancia para su tratamiento, destacó la necesidad de revisar el protocolo para la integración de los expedientes clínicos psiquiátricos, especialmente en lo relativo a la información que deben contener y los parámetros empleados para mantenerlos en estricta confidencialidad.