Pide exalcaldesa de Chilpancingo Operación Enjambre para Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2026.- La exalcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández consideró que la Operación Enjambre debe ser implementado en Guerrero debido a la presencia de grupos criminales en diversos municipios de la entidad.

De esta manera, la morenista pidió aplicar en Guerrero la estrategia de seguridad de alto impacto diseñada para desarticular redes de corrupción y colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, como recientemente ocurrió en Tequila, Jalisco.

Durante la presentación de su libro, La trampa perfecta, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México, quien fue electa como presidenta municipal en 2021 resaltó que los grupos delictivos operan a plena luz del día en varias poblaciones.

Hernández, quien cobró notoriedad tras la difusión de un video, en 2023, donde aparecía reunida con Celso Ortega —identificado como líder del grupo Los Ardillos, reiteró que su  libro no es un ataque contra Morena o el movimiento de la Cuarta Transformación. Por el contrario, asegura que se trata de un testimonio sobre el origen de la violencia y la arraigada presencia de grupos armados en el estado.

El contexto de la reunión

Para la exalcaldesa, la violencia actual en Guerrero es un proceso “histórico y estructural” agravado por la negligencia de no entender el territorio.

Relata que, ante la incapacidad de las Fuerzas federales y estatales para ingresar a ciertas zonas —donde incluso eran retenidos por pobladores—, la responsabilidad de interlocución recaía injustamente sobre los presidentes municipales.

Hernández sostiene que fue en ese contexto de abandono institucional donde se dio el encuentro con Celso Ortega. Indicó que la presencia de civiles armados en las entradas de comunidades como Petaquillas es una realidad cotidiana permitida por los gobiernos.

Yo fui porque simplemente me dijeron: él es el encargado de la seguridad y hay que hablar sobre qué está pasando”, señaló al narrar las circunstancias de dicha reunión, la cual califica como la "trampa perfecta” que describe en su libro.

El origen de la crisis: De la legitimidad al vacío legal

La premisa central de Hernández es que las policías rurales que nacieron como un mecanismo de defensa legítimo de los pueblos originarios terminó convirtiéndose, por omisión legislativa, en un “camino minado” que entregó regiones enteras a la delincuencia.

La también exlegisladora local narró en la Galería de los Rectores del Palacio de Minería  la metamorfosis de las policías comunitarias. 

Según su testimonio, la violencia no es fortuita en Guerrero, sino el resultado de una ruptura jurídica ocurrida en 2018 que dejó a los pueblos en la orfandad institucional.

Reconoció que, en su origen, existieron “policías comunitarias reales” que brotaron de comunidades con alta marginación. Durante años, estas figuras operaron bajo el marco de la Ley 701, que permitía la coordinación con el Estado. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió en 2018.

De acuerdo con la morenista, quien entonces se desempeñaba como diputada local, se eliminó la tipificación legal de estas policías “de un solo plumazo” y sin realizar las consultas obligatorias a los pueblos indígenas.

En 2018, muchas regiones ya estaban armadas. De un día para otro, esas policías comunitarias pasaron a ser civiles armados; es decir, delincuentes para el Estado”, afirmó.

La desintegración del marco legal no desarmó a los grupos, sino que permitió que la delincuencia aprovechara la figura de la "policía rural" para ganar territorios.