Pide FGR desafuero de García Cabeza de Vaca por 3 presuntos delitos

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2021.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que este martes personal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a este órgano legislativo el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

A través de su cuenta de twitter, @NachoMierV dio a conocer el documento dirigido a él y a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde se revela que se pide declaración de procedencia (desafuero) en contra del gobernador tamaulipeco, por su presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo al documento, la solicitud será ratificada el próximo jueves a las 12 horas, fue presentada por el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez, la fiscal Karina Durán Martínez y el agente del Ministerio Público de la Federación, Elizabeth Alcantar Cruz; todos, adscritos a la Unidad de Investigación antes mencionada.

Los promoventes entregaron la carpeta de investigación con la que argumentaron la solicitud que hacen de desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca;  de acuerdo a la información dada a conocer por los promoventes y la misma Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en meses pasados, sin especificar fechas, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

Derivado de dicha denuncia, la UIF y el MP de la Federación, integraron la carpeta de investigación, donde se acreditó que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos al mandatario estatal, por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Según la carpeta de investigación, dicha empresa habría recibido los recursos de otra denominada RC y cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, “por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito”.