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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre de 2016.- Diputados federales del GPPRD demandaron el cese a la violación de derechos humanos de activistas políticos y sociales de Puebla, en particular la que se realiza en contra de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de Puebla (UPVA) 28 de octubre, quien continúa preso a pesar de que existe una resolución judicial que determina que debe ser puesto en libertad.
El legislador Felipe Reyes Álvarez recordó que el pasado ocho de noviembre se presentó un punto de acuerdo –mismo que fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos para su dictaminación- que impulsa un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las autoridades competentes, para que a Simitrio se le siga un proceso jurídico conforme a derecho, refirió un comunicado de prensa.
En conferencia de prensa, acompañado de familiares del luchador social y de varios de sus homólogos, el legislador del Sol Azteca explicó que desde 1978, Sarabia Sánchez ha sido perseguido, encarcelado y llevado a juicios de los que ha salido avante. En el 2001 obtuvo su libertad condicionada, pero ésta tenía que ser declarada extinta para que alcanzara su libertad total; sin embargo, en diciembre de 2014, la Juez Quinto Penal de Puebla recibió una solicitud para revocar ese beneficio, por lo que Simitrio fue detenido un día después.
El nueve de enero de 2015, la juez de ejecución y sanciones de Puebla le impuso una sentencia de 35 años y seis meses de prisión -sin haberlo oído ni haberse realizado ningún juicio-, pena que lo mantendría en prisión hasta 2050.
“Esto significa una violación flagrante, arbitraria e ilegal del poder del Estado, quien abusa de la fuerza para encarcelarlo y poder así desatar una represión y una persecución política contra Simitrio y la organización de vendedores ambulantes y establecidos que tiene más de 45 años de existir, y todo por no aceptar las condiciones que les establece el gobernador del estado, políticamente hablando, para que trabaje a favor de él y de sus intenciones políticas”, denunció el diputado perredista.
Roxana Luna Porquillo, dirigente del PRD en Puebla, denunció los excesos que se han sucedido durante la administración de Rafael Moreno Valle, como el incremento en el número de feminicidios, una deuda oculta –que según académicos rebasaría los 150 mil millones de pesos- de más de 70 mil mdp, pero en particular, la situación de vulnerabilidad y pobreza en que se encuentran al menos 4 millones de poblanos.
“Todo esto ha sido acompañado por la represión. Cerca de 250 personas en el periodo de Rafael Moreno Valle han sido encarceladas por el simple hecho de protestar”, sostuvo Luna Porquillo, quien pidió a los diputados que se documenten todas las irregularidades registradas en la entidad poblana, exigir la fiscalización de los recursos públicos, así como la visita de un grupo de legisladores a Puebla para solicitar que se revisen los expedientes de los activistas injustamente encarcelados.
Además pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue de dónde están saliendo los recursos con que Moreno Valle financia la campaña de autopromoción que mantiene a nivel nacional.
Rita Amador López, esposa de Simitrio, y Samuel Porras, abogado y asesor de la Unión Popular, denunciaron que ha habido amenazas en contra de su familia, incluyendo a sus nueras y nietos de cinco y siete años, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes, toda vez que durante el mes de diciembre de años pasados se han registrado ataques en contra de simpatizantes de la organización.