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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2016.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito a que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, considere una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hidráulica de la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, para que los habitantes puedan acceder y disfrutar plenamente del agua, en cantidades suficientes, continuas y saludables.
El secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal, de la Cámara de Diputados, José Santiago López, expuso mediante un punto de acuerdo que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano de primer orden por ser imprescindible para la realización y disfrute de otros derechos, como la vida, la salud y la alimentación, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.
Citó que en el artículo primero de la Constitución se establece que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta, y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección.
Además, el artículo cuarto de la Carta Magna afirma que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado garantizará este derecho.
El parlamentario Santiago López subrayó que la realidad de millones de mexicanos es distinta, porque los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento no son continuos ni suficientes para el uso personal y doméstico y en ocasiones su calidad es precaria.
Por tanto, añadió, el saneamiento personal, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y hasta la higiene personal y la limpieza del hogar se dificulta. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.
Añadió que la cruda realidad de esta situación es más visible en el ámbito municipal que en los otros dos niveles de gobierno, ello por la proximidad de las autoridades municipales con las demandas y las exigencias de la población, a pesar de que la Constitución, en su artículo 115, señala que los municipios tendrán a su cargo la función y servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Sin embargo, la realidad demuestra que en muchos casos la falta de infraestructura hídrica impide cumplir con esta encomienda constitucional, precisó.
El diputado Santiago López comentó que Nezahualcóyotl es un municipio que reviste una importancia fundamental en materia de demanda de agua potable, sobre todo en la denominada zona norte, particularmente en las colonias Las Antenas, Jardines de Guadalupe, Impulsora, Campestre Guadalupe, Valle de Aragón, Plaza de Aragón, Ciudad Lago y El Vergel de Guadalupe.
Dicho municipio cuenta con una población de un millón 110 mil 565 habitantes, y las tomas domiciliarias de agua entubada suman 307 mil 145. Y su alta densidad poblacional y la escasa infraestructura para atender de manera puntual las crecientes demandas de mejores servicios públicos, como el agua, obligan a tomar medidas que impacten significativamente en beneficio de la población de zona norte de Nezahualcóyotl.
En un análisis enviado al Senado el 4 de mayo de 2016, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, concluyó que el Estado podría estar incurriendo en una violación al derecho humano al agua potable y al saneamiento por la falta de protección a la infraestructura de distribución del agua contra la injerencia, los daños y la destrucción.
Por lo anterior, entre las múltiples recomendaciones que el organismo protector de derechos humanos hace figura tomar en cuenta a nivel de las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, para atender esta problemática y la que tiene que ver con la asignación de mayores recursos presupuestales para el abastecimiento de agua a la población, así como el mantenimiento de los depósitos y redes de distribución, concluyó el legislador.