Pide Morena a ASF investigue liquidación de Enrique Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2016.-  El diputado de Morena Rogerio Castro, quien preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, presentó un punto de acuerdo suscrito por su coordinadora, Rocío Nahle y que se turnó a comisión, para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue la legalidad de la liquidación de más de un millón 200 mil pesos que se otorgó el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza cuando renunció a su cargo como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo que la liquidación millonaria que el dirigente priista se otorgó es un “evidente” acto de corrupción, por lo que además de pedir a la ASF investigue la legalidad de ese pago, también exigieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilite para ocupar cualquier cargo público.

“Exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación, a que investigue la legalidad en el pago de su liquidación, y a la Secretaría de la Función Pública, a que investigue y castigue este acto de corrupción, incluyendo al propio Ochoa Reza con su inhabilitación para ocupar un cargo público”, aseveró.

Hizo responsable al priista no sólo de posibles actos de corrupción por esta supuesta indemnización, sino también de las acciones que han obligado a “descuartizar el patrimonio que llevó décadas consolidar, así como de la mayor pérdida de la CFE que actualmente tiene un déficit de 93 mil millones de pesos”, apuntó.

Recordó que Ochoa Reza presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal el pasado 8 de julio, mismo día que, aun siendo titular de la CFE, firmó el dictamen de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, “y que a solicitud de Ochoa se otorgaría el pago de liquidación y finiquito que establece el mayor beneficio económico a favor del servidor”, detalló.

Reiteró que Enrique Ochoa Reza fue beneficiado con una liquidación que no le correspondía por sólo dos años de laborar en la CFE, lo que la empresa justificó diciendo que esta medida se ha aplicado en los últimos 15 años a todos sus directores generales.

Sin embargo, Rogerio Castro señaló que el Manual de Trabajo para los servidores públicos de la CFE establece que si éstos dejan la empresa por separación voluntaria, las compensaciones sólo aplicarán después de tres años de servicio.

“El ahora dirigente nacional del PRI ni siquiera cumplía con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno. El proceso de liquidación que él mismo realizó podría constituir un delito, toda vez que hay una contradicción entre la renuncia voluntaria que presentó y la liquidación que se otorgó”, puntualizó.