Pide OIT establecer niveles mínimos de protección social universal

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2020. — Reconstruir mejor después de la pandemia para fomentar la resiliencia frente a futuras crisis requiere solidaridad internacional y una mayor protección social para todos, tanto para las personas en situación de pobreza o marginadas, como para las que disponen de recursos para costearla. 

Los gobiernos que han respondido a la pandemia de Covid 19, incluidos sus efectos sociales y económicos, con un conjunto de planes ad hoc, en particular, bajas profesionales remuneradas, transferencias de dinero y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas medidas poseen dos limitaciones principales, señalaron expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como Michelle Bachelet, Olivier De Schutter y Guy Ryder 

En primer lugar, muchas son soluciones temporales a corto plazo, que abarcan confinamientos o períodos de cierre de duración determinada hasta que se produzca la recuperación económica. No contribuyen a modificar las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad, ni a mejorar su situación para afrontar crisis futuras. 

En segundo lugar, dichas medidas no abordan los riesgos vitales a los que deben hacer frente la mayoría de las comunidades más afectadas del mundo. Pese a que las medidas gubernamentales adoptadas en todo el mundo para hacer frente a la Covid 19 han costado más de 11 billones de dólares, la inmensa mayoría se han aplicado en países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750 mil millones de euros (878 mil 780 millones de dólares) (equivalente al 6 por ciento de su producto interno bruto, PIB), y Japón implantó un plan de recuperación económica equivalente al 22 por ciento de su PIB (1.1 billones de dólares). Sin embargo, en los países en desarrollo de bajos ingresos las medidas de respuesta fiscal han representado, en promedio, el 1.2 por ciento del PIB. 

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, poseen recursos internos limitados, limitación que se ve acentuada por la caída del precio de determinados productos básicos de exportación. No tienen la capacidad necesaria para aplicar las medidas necesarias para afrontar la crisis que precisa su población, y mucho menos para implantar los sistemas de protección social a largo plazo que permitirían fomentar su resiliencia. 

Antes de la pandemia de la Covid 19, el 69 por ciento de la población mundial no gozaba de cobertura de seguridad social, ya fuera de forma íntegra o parcial. Casi dos terceras partes de los niños en todo el mundo no tenían cobertura de protección social, únicamente el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones económicas por desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían prestaciones económicas por discapacidad. 

Las crisis mundiales, como la provocada por esta pandemia, trascienden límites geográficos y políticos. Frente a ellas, nuestra fortaleza es únicamente la que poseen las personas más débiles. Con objeto de aumentar la resiliencia y la capacidad de recuperación de forma más eficaz, debemos apoyar a todos los países para que puedan establecer bases sólidas de protección social. El enfoque actual, poco sistemático, es como llamar a los bomberos al declararse un incendio, y luego decirles que sólo salven algunas habitaciones del edificio en llamas. 

Está claro que esa no es la solución más adecuada. En las circunstancias actuales, la solidaridad internacional es fundamental y nos beneficia todos. 

Los niveles mínimos de protección social para todos son viables económicamente. A lo largo del año en curso, el déficit de financiación de todos los países en desarrollo, a saber, la diferencia entre lo que dichos países invierten en sistemas de protección social y el costo que tendría la implantación de un nivel básico de protección social íntegro (incluidas sus prestaciones sanitarias), equivale a unos 1,19 billones de dólares, incluidos los efectos de la Covid 19.

Pero dicho déficit es sólo de unos 78 mil millones de dólares en el caso de los países de bajos ingresos, cantidad desdeñable con respecto al PIB de los países industrializados. Sin embargo, el valor económico total de los programas oficiales de asistencia al desarrollo destinada a protección social se eleva únicamente al 0.0047 por ciento del ingreso nacional bruto de los países donantes. 

Los países deben destinar la mayor cantidad posible de recursos disponibles a facilitar el establecimiento de sistemas de protección social para todos. Ello puede conllevar la adopción de enfoques más eficaces en materia de fiscalidad y de lucha contra la corrupción. A largo plazo, esa redistribución de activos contribuirá a disminuir la desigualdad y la discriminación, así como a facilitar el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  de «no dejar a nadie atrás». 

De esta crisis cabe extraer muchas conclusiones. En particular, que para lograr una mejor reconstrucción es necesario fomentar la solidaridad internacional y la protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitirse actualmente. Si ignoramos ese mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a que sigan padeciendo el inmenso sufrimiento que ha de afrontarse actualmente. Ese es, sin ninguna duda, un futuro que no se puede tolerar.