Pide PAN evitar blindar a gobernadores salientes

CIUDAD DE MÉXICO, 03 de julio de 2016.- El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, llamó a los legisladores de los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua a evitar que se concreten los “blindajes” que los gobernadores salientes priistas y, evitar, así que se evadan de la acción de la justicia.

Expresó que se exploran acciones legales para revertir las dolosas decisiones de los actuales gobiernos priístas “que a todas luces serían el peor y último golpe que los gobernadores salientes del PRI den a las familias de sus estados”.

A través de un comunicado de prensa, señaló que en Quintana Roo ya se aprobó un paquete para convertir a la Procuraduría de Justicia del Estado en Fiscalía, cuyo titular sería el actual procurador y duraría nueve años en el cargo, además, se autorizó el refinanciamiento de las deudas de corto plazo, entre ellas la del municipio de Solidaridad por mil millones de pesos.

Se prevé que el pleno del congreso local votaría a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Carlos Lima y Gaspar Armando Torres, el primero operador del gobernador en la adquisición de tierras, y el segundo ex procurador de Justicia. Y se nombraría al nuevo Auditor Superior del Estado, que duraría siete años en el cargo.

En Veracruz, además de aprobarse un “paquete de impunidad”, se causará un daño irreparable a los ciudadanos, sobre todo a los más necesitados. Ahí se busca nombrar a magistrados y al fiscal anticorrupción. Se plantea basificar a todos los “aviadores” del gobierno, lo cual haría que la mayor parte del presupuesto del estado se destinara al pago de nómina, “lo que causaría un enorme daño a la población, especialmente a los más pobres, quienes no podrían recibir los servicios educativos y de salud que hoy necesitan”.

En tanto, en Chihuahua continúan los intentos para aprobar dos nuevos créditos por 6 mil millones de deuda adicional, pese a la reciente reforma en materia de disciplina financiera para estados y municipios.

Se eliminó la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo, antes de 90 días del cambio de poderes, todo lo cual está planeado para complicar económicamente el desempeño del gobierno panista de Javier Corral.

Anaya advirtió que “pretenden heredar más complicaciones, carencias y desesperanza a sus estados. Lo que estamos viendo jamás había ocurrido en nuestro país”.