Listos, integrantes de la Comisión Permanente
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2016.- “Con toda humildad, les pido perdón”, expresó el presidente Enrique Peña Nieto por la información difundida en noviembre de 2014 sobre el caso de la llamada Casa Blanca, el cual admitió su responsabilidad en este error que afectó tanto a su propia familia, lastimó la investidura presidencial y daño la confianza en el gobierno.
“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente”, recalcó el Primer Mandatario previo a firmar el decreto por el que se promulgan las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante su gabinete legal y ampliado del Gobierno de la República, Peña Nieto reiteró sus sinceras y profundas disculpas por el agravio y la indignación que causó en el país la propiedad residencial a nombre de su esposa, la Primera Dama Angélica Rivera.
A partir de este hecho, dijo que está más decidido a combatir los actos de corrupción, pues si se quiere recuperar la confianza ciudadana es un deber ser autocríticas; de ahí la importancia y su compromiso de impulsar con determinación el primer mecanismo que castigará los actos de corrupción de servidores públicos y particulares en México.
En presencia de los representantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno, subrayó convencido de que en unos años el país recordará este día como una nueva etapa en la democracia.
Al reconocer que la sociedad mexicana se siente lastimada y dolida por la corrupción, dijo que se tomó la iniciativa de combatir con decisión este “cáncer social”.
A esta exigencia, aseguró que el Estado mexicano ha dado respuesta con la creación de dos nuevos pilares institucionales: el Sistema Nacional de Transparencia, y a partir de hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción, en favor de la honestidad, la integridad y la relación de cuentas.
En siete paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción, aprobada en un Periodo Extraordinario de la 63 Legislatura en junio pasado, se establecieron las bases de coordinación del SNA, a nivel federal y local, así como las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional.
En la Expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.
En la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se fortaleció la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción.
Respecto a las Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se creó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.
En las Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se dio paso a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. En cuanto a las Reformas al Código Penal Federal, se establecieron las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción: servidores públicos y particulares.
A partir del éxito de que tenga el Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto confió en que se puede reconstruir la confianza ciudadana de los mexicanos.