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Reportan 5 muertos y 2 lesionados por choque múltiple en la México-Puebla
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2021.- En plena arena electoral surgen los desencuentros y quejas entre los diversos grupos políticos, ahora correspondió a la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, que salió en defensa de su candidato a diputado federal, el veracruzano Rogelio Franco, quien se encuentra detenido enfrentando una acusación de violencia familiar.
Sin embargo, los legisladores perredistas acusaron uso faccioso de la ley para perjudicar a Franco Castán, por lo que solicitaron formalmente a la Cámara de Diputados someter a juicio político al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns y a la juez de control Alejandra Castellanos Priego.
En conferencia de prensa posterior a la presentación de la solicitud ante la Oficialía de Partes de la Secretaría General de la Cámara, los perredistas afirmaron que el aspirante es falsamente inculpado, además, alertaron que su seguridad está en riesgo, ya que lo tienen confinado en el reclusorio de Amatlán de los Reyes, donde hay presos de alta peligrosidad, por lo que responsabilizaron a los funcionarios de cualquier daño que pueda sufrir Rogelio Franco.
La coordinadora de la bancada, Verónica Juárez y el diputado Antonio Ortega, coincidieron al lamentar que ahora el gobernador veracruzano se comporta, dijeron, peor que como en su momento lo hicieron aquellos a quienes criticó cuando era opositor; por lo que, lo acusaron de manipular la ley y las instituciones del Estado para atacar, someter y poner en riesgo a quienes discrepan de él.
No descartaron que la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados podrían concluir que no procede esta solicitud de juicio político, por lo que, adelantaron que recurrirán a otras instancias, incluso internacionales, para solicitar su intervención en lo que llamaron, una clara violación a los Derechos Humanos.
Juárez Piña destacó que el caso de Franco Castán no es el único que existe con este tipo de violaciones, arbitrariedades y agresiones a los correligionarios en la entidad, pues a éste, dijo, le han antecedido incluso asesinatos, como el del ex alcalde de Paseo del Macho, Rafael Pacheco Molina, en diciembre de 2019, y el de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, en noviembre de 2020, quien fue ultimada luego de denunciar amenazas de funcionarios estatales.
Señaló que el caso de Rogelio Franco es otra clara violación a la Constitución General de la República y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de Cuitláhuac García, la fiscal Hernández Giadáns y jueza de Control Alejandra Castellanos, pues le inventaron un cargo de ultrajes a la autoridad, ante la imposibilidad de detenerlo por supuesta violencia intrafamiliar, ya que sus hijas rechazaron tal conducta y porque tenía en su poder un amparo de la Justicia.
“Lo que en realidad vemos en Veracruz es una persecución política en contra de los opositores al gobernador y a Morena. Rogelio Franco va en segundo lugar de la lista plurinominal de la tercera circunscripción. En lugar de ganarnos en las urnas, eliminan a nuestros contendientes porque les resultan peligrosos”, aseveró.
Posteriormente, al subir a tribuna para intervenir en favor de un dictamen que se discutía, Juárez Piña aprovechó el espacio e hizo una denuncia contra lo que calificó como el clima de violencia política que se vive en Veracruz, al tiempo que expresó la solidaridad de su grupo hacia Rogelio Franco.
“Hoy se encuentra privado de su libertad y a quien se pretende impedir el ejercicio libre de sus derechos político-electorales, debido a la imposición y a la intransigencia del Gobernador Cuitláhuac García, quien ahora se ha convertido en represor de sus oponentes políticos.
“Desde aquí lo retamos a que nos gane en las urnas y no con la guerra sucia que ha desatado en nuestra contra, utilizando las instituciones, prostituyendo a la Fiscalía”, señaló enfáticamente.
El diputado Antonio Ortega demandó a la Cámara de Diputados a dar la misma celeridad a esta demanda de juicio político, que se dio a la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una vez que el mismo GPPRD ratifique su solicitud en los próximos tres días.
Detalló que el proceso podría ser largo y que duraría al menos 100 días una vez que la Secretaría General de la Cámara de Diputados remita la solicitud a sus Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para que dictamine, someta su resolución al Pleno de la Cámara, ésta se convierta, en su caso, en parte acusadora ante el Senado y éste finalmente decida si condena con destitución e inhabilitación a los acusados, o los declara inocentes.
“El juicio podría llevar no menos de 100 días, pero tendremos la enorme oportunidad de exhibir la ignorancia, torpeza e inconsecuencia del gobernador Cuitláhuac García, que, sin imaginación, recurre a la persecución con acusaciones falsas, ridículas y cómicas; tendremos 100 magníficos días para exhibir su incongruencia y falsedad. Nos podrán ganar con su mayoría, pero el juicio final del pueblo será contra Cuitláhuac García”, sostuvo.
La demanda de juicio político fue presentada por la coordinadora Verónica Juárez, el vicecoordinador José Guadalupe Aguilera, así como sus correligionarios Antonio Ortega, Norma Rodríguez, Frida Esparza, Jorge Casarrubias, Karen Vargas y Leticia Gómez; así como Camerino Márquez y Edgar Pereyra, integrantes de la Dirección Nacional del PRD.