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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2016.- El senador Ernesto Ruffo Appel (PAN) solicitó a la Cámara de Diputados que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año, se abstenga de incluir fondos discrecionales en el Ramo 23, para evitar la nociva práctica de los moches.
El legislador federal indicó que este ramo es el más opaco de todos los del presupuesto federal, el cual ha permitido una práctica “vergonzosa, inaceptable e ilegal”, pues legisladores de todos los partidos ofrecen a estados y municipios etiquetar recursos a cambio de recibir un porcentaje en pago.
Lo anterior, ha sido denunciado en escándalos mediáticos entre diputados federales y presidentes municipales, lo que llevó a suprimir el fondo de “Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales” en el PEF de este año, pero expresó que la corrupción continúa.
Los diputados federales crearon un anexo en el Ramo 23, para proyectos de Desarrollo Regional, “mediante el cual se asignaron 19 mil 771 millones de pesos para obra pública municipal; es decir, un nuevo fondo que es la versión ampliada y mejorada del que se ejerció hasta 2015”, añadió.
El senador subrayó que, al menos desde 2013, la Cámara de Diputados ha incrementado en 29 mil 500 millones de pesos el monto presupuestado por el Ejecutivo federal para el ramo 23, el cual han generado una gran cantidad de “moches” y prácticas corruptas en todo el país, que han quedado impunes.
A pesar de que en el PEF se establece que existan reglas de operación para los fondos del Ramo 23, esto no ha frenado los “moches”, toda vez que los legisladores mantienen abierta la posibilidad de crear una lista de “proyectos privilegiados” a los que se asignan recursos de manera directa, expuso.
Ruffo Appel manifestó que la existencia de esta lista VIP, que especifica con detalle obra y municipio, es lo que genera la negociación para “moches”, por lo que es imperativo que cualquier fondo de desarrollo regional cuente con reglas de operación de aplicación general.
“Cualquier fondo que realmente pretenda impulsar el desarrollo regional debe dejar abierta la posibilidad de que cualquier proyecto de cualquier región, que cumpla con los lineamientos y requisitos aplicables, pueda acceder a recursos de inversión por el beneficio social que conlleva”, apuntó.