Confían demandantes en reforma laboral ante Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2021.- Ante la problemática por el excesivo endeudamiento, la senadora del Partido del Trabajo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría sobre los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit en el periodo 2015-2020.
Al exigir al gobierno de Nayarit poner orden en sus finanzas y transparentar el gasto público, la petista requirió un informe sobre el estado que se encuentran las observaciones realizadas al gobierno; el monto observado y el monto pendiente por aclarar o solventar; además, las áreas responsables con observaciones pendientes.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del Grupo Parlamentario del PT también solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar sobre la situación de la deuda del estado de Nayarit con base en los artículos 73 fracción VIII. 3o. y 117, fracción VIII, párrafos tercero y cuarto de la Carta Magna.
En el documento, Pinedo Alonso denunció que para el tercer trimestre de 2017 la entidad tenía un saldo de seis mil 100 millones de pesos, pero desde la llegada del panista Antonio Echevarría a la gubernatura, el déficit supera los ocho mil millones.
Actualmente, el monto de la deuda estatal representa 4.8 por ciento de su PIB y de acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de 2020, se divide de la siguiente manera: 67.9 por ciento en la banca de desarrollo y 32.1 por ciento en la banca múltiple.
“La grave situación lleva al estado de Nayarit a un severo problema de liquidez que se sumará a las presiones financieras existentes por un frágil desempeño operativo, esta alarmante situación ha llevado al gobierno estatal a declarase insolvente para pagar a miles de burócratas desde la primera quincena de octubre del 2020”, advirtió la senadora del PT.
Destacó además que la entidad está sumida en una severa crisis económica y social debido a una irresponsable administración de los recursos públicos y mal manejo de las finanzas públicas.
Por ello, urgió a la rendición de cuentas por la falta de capacidad del gobierno para atender sus obligaciones más básicas, condenando al estado a una quiebra financiera que le dificultará en el futuro el acceso a créditos o proyectos de inversión.
Pinedo Alonso afirmó que no se puede seguir tolerando que los recursos se desvíen para otros fines o que los trabajadores no cobren sus salarios en tiempo, pues son recursos que ya están etiquetados para ese fin.