Pide Toledo valorar de alto riesgo empleos de activistas y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2017.- El presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mauricio Toledo, propuso una iniciativa que reforma el artículo 138 del Código Penal de la capital, en materia de homicidio y lesiones calificadas, a fin de considerar ocupaciones de alto riesgo las de periodistas y defensores de derechos humanos.

El diputado, se añadió en un comunicado, hizo referencia a los recientes casos de homicidio en el país, principalmente de activistas y reporteros, como el del Isidro Baldenegro, conocido activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental, así como el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en Tamaulipas, quien impulsó el Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, tras la desaparición de su hija en el año 2012.

Además, el legislador externó su preocupación por el riesgo que viven los periodistas mexicanos en la actualidad.

«Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados por realizar su labor informativa, de los cuales, siete han sido víctimas de homicidio en lo que va del año, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado ser instrumentos que garanticen eficazmente la seguridad de los miembros de este gremio. En México, ser periodista es una profesión de alto riesgo», informó.

Ante esta situación, el asambleísta aseguró que se necesitan estrategias integrales y multisectoriales en las cuales participen los tres niveles de gobierno de manera coordinada, con la finalidad de implementar políticas públicas que prevengan hechos lamentables.

«A pesar que las instituciones competentes en materia de procuración de justicia tienen la obligación de realizar las investigaciones conducentes y exhaustivas para dar con los responsables de hechos tan cobardes, que vulneran la sensación de bienestar y de seguridad de toda la sociedad en el país, también es necesario que estos hechos sean castigados con las reglas y con las agravantes que amerita la comisión de este tipo de delitos.

«En tal virtud, es necesario, atendiendo a uno de los objetivos primordiales de las leyes, adecuar la normatividad en materia penal a la realidad social de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, para que tanto el homicidio como las lesiones sean clasificadas adecuadamente, con la finalidad que los perpetradores tengan el castigo que merecen como consecuencia de ser sujetos activos en el detrimento de derechos de grupos tan vulnerables de nuestra sociedad», concluyó.