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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2018.- Para cumplir con el objeto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al 1 de junio de 2018 se tiene un fondo cuenta con un saldo patrimonial de 226 millones 938 mil 527.14 pesos para salvaguardar la integridad de personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos y el ejercicio de la libertad de expresión.
De acuerdo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto ha permitido que durante la presente administración, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2018, se han beneficiado a 891 activistas y periodistas, con la incorporación a este Mecanismo, de los cuales 474 son defensoras de los derechos humanos y 417 periodistas.
A estos se les han otorgado cerca de 352 medidas de protección de materia de infraestructura y tres mil 37 medidas implementadas en coordinación con autoridades estatales y municipales.
Al 31 de mayo del año en curso, se han presentado 662 solicitudes de incorporación, de los cuales 399 son periodistas y 263 activistas. Del total, 420 casos se sustanciaron a través del procedimiento ordinario, 134 en extraordinario y 108 casos no fueron incorporados.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el 16 de abril del año pasado que este fideicomiso no recibió recursos en el presupuesto de 2017, por lo que utiliza remanentes de años anteriores.
Dicho fondo creado para este fin inició en 2012. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla un millón 500 mil de pesos, de acuerdo al Anexo 13 de las Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en el Ramo de Gobernación.
Para el 2013, en el actual sexenio, se mantuvo en el mismo presupuesto aprobado de un año antes. En 2014, dicho fondo se incrementó en 10 millones de pesos. En 2015, la Cámara de Diputados nuevamente aprobó aumentar hasta 26 millones de pesos.
En el PEF de 2016 la bolsa al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue de cero pesos, al igual que para este año.
Según la CNDH, a nivel operativo sólo se cuenta con los recursos ordinarios para el sustento de la nómina de los responsables, instancia que forma parte de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
Piden aportaciones a Fondo por 126 millones en el PEF 2019
En atención a un pronunciamiento aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhorta al fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar medidas de prevención y protección en favor de activistas y líderes sociales.
Dicho exhorto se dirigió también al Gobierno federal y a los de las entidades federativas a fin de que promuevan, respeten y protejan sus derechos humanos en aras de garantizar la libertad de expresión, reunión y manifestación.
El documento remitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos subraya que el Presidente de la República, durante la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada el 17 de mayo del año pasado, anunció el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El subsecretario Rafael Adrián Avante Juárez resaltó la solicitud para realizar las gestiones necesarias a fin de contar con recursos adicionales en la partida 46101, denominada Aportaciones a Fideicomisos Públicos por un monto de 126 millones de pesos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo a corto y mediano plazo.
En la misiva fechada el 2 de julio, el funcionario federal hace votos para que en el siguiente proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, sea tomada en consideración la necesidad de que los legisladores tomen la situación de este fondo en favor de periodistas y activistas.
Lo anterior, en el entendido de que del fideicomiso tiene como fines, entre otros, obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el PEF, para destinarlos exclusivamente en la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes de protección que garanticen la vida de comunicadores y defensores de los derechos, su integridad, libertad y seguridad.