IA, aliada en la redacción de Quadratín
SANTA MARÍA DE OCOTÁN, Dgo., 30 de junio de 2022.- El Plan de Justicia de los Pueblos Wixárica, O’dam y Nayeri de Durango, Jalisco y Nayarit es el espacio de diálogo para alcanzar acuerdos, que permitan dar respuesta a las legítimas demandas y aspiraciones de vida de nuestras comunidades, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Durante la sesión plenaria que se llevó a cabo en la comunidad de La Guajolota, Santa María de Ocotán, municipio de Mezquital, Durango, señaló que lo fundamental de este proceso es que a través del diálogo se construya de manera conjunta el Plan de Justicia con la participación del Gobierno de México, estados, municipios y autoridades comunitarias.
En presencia de 35 gobernadores tradicionales, igual número de comisariados de bienes comunales y 213 autoridades y jueces auxiliares, así como representantes de 87 dependencias gubernamentales, legisladoras y legisladores, sostuvo que este plan de justicia será integrado con el pensamiento de las comunidades involucradas:
“Este gobierno obedece a la voluntad, el consenso y el acuerdo de nuestros pueblos y comunidades; ya no es como antes, que desde un escritorio se dictaban las políticas y los programas de gobierno; ahora trabajamos desde el territorio”.
Los días 27, 28 y 29 de junio se llevó a cabo en estos bosques de Durango la Asamblea Regional de Autoridades Tradicionales de los Pueblos Wixárica, O’dam y Nayeri para la elaboración del Plan de Justicia.
Para este propósito, se instalaron mesas de trabajo con los temas de sitios sagrados, cultura e identidad; tierra, territorios, recursos naturales y medio ambiente; gobierno tradicional, paz y seguridad, así como bienestar común, con grupos de trabajo sobre infraestructura básica, salud y medicina tradicional, educación, economía indígena y procesos productivos.
El titular del INPI afirmó que se acompañarán todos los planteamientos emanados de las mesas de trabajo en materia agraria y para la conformación del registro de lugares sagrados.
“Para nosotros como gobierno, lo esencial es que podamos construir todos los acuerdos a través de un diálogo respetuoso y constructivo; el plan de justicia al que nos ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador será el instrumento para alcanzar la paz, la unidad y la reconciliación de nuestros pueblos y comunidades”.
El gobernador tradicional de Santa María de Ocotán, Alberto Lugo Cervantes, coincidió en que los resultados y planteamientos emanados de las mesas de trabajo deben ser atendidos por dependencias federales, estatales y municipales, tras décadas de abandono y discriminación que han vivido las comunidades.
Acompañado de autoridades agrarias y su cuerpo de gobierno, reconoció que, por primera vez, un presidente servidores públicos de su gabinete han volteado los ojos a estos pueblos, por lo que exhortó a seguir trabajando de manera unida para cristalizar las legítimas demandas y anhelos de sus comunidades.
Establecen acuerdos sobre sitios sagrados y territorio
En la plenaria se acordó llevar a cabo una reunión en Real de Catorce, San Luis Potosí, el 20 de julio, con la mediación de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ejidatarios, para abordar temas relacionados con el centro ceremonial Wirikuta y sus cinco lugares sagrados, donde se llevará a cabo en 2023 la ceremonia de oración por la renovación del mundo, a cargo de autoridades espirituales.
Del mismo modo, se aprobó de manera unánime elaborar un catálogo de lugares sagrados con base en la ficha técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INPI, para la identificación, el reconocimiento y la protección de dichos sitios, con el fin de diagnosticar las problemáticas y establecer la relevancia que tienen para su identidad y cultura.
En materia de tierras, territorios y recursos naturales, se suscribieron acuerdos para que la Procuraduría Agraria (PA) y el INPI intervengan para agilizar procesos judiciales por despojos y malas ejecuciones de resoluciones presidenciales, e impulsar la ejecución de resoluciones judiciales que restituyen territorios de los pueblos wixárica, o’dam y nayeri.
Además, iniciar procesos de conciliación agraria con 22 comunidades indígenas para definir sus límites territoriales; acompañar procesos judiciales contra la exclusión que sufren las comunidades agrarias; integrar una iniciativa de reforma a la Ley Agraria para garantizar la participación de las comunidades con base a su libre determinación y autonomía; acordar acciones con las dependencias del sector ambiental contra la tala clandestina y elaborar planes integrales para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales.
Programan seguimiento al Plan de Justicia
Las y los asambleístas acordaron llevar a cabo los días 16 y 17 de julio en Mexquitic, Jalisco, una reunión técnica para definir el documento con propuestas y ruta de acción de los temas que forman parte del Plan de Justicia.
Propusieron que la reunión con el presidente López Obrador para la presentación del Plan de Justicia se realice en agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en Santa María Cuexcomatitlán, Mexquitic, Jalisco.
También definieron crear la comisión de seguimiento integrada por moderadores y relatores de cada una de las mesas temáticas que se han acordado en el Plan de Justicia.