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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio (Quadratín México).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, explicó que “el propósito del gobierno federal es tener una buena Ley General de Víctimas que funcione” y que resuelva los problemas de las personas agraviadas por la violencia y el delito.
Expresó que entiende “perfectamente el sentimiento” de los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el escritor Javier Sicilia.
Al subrayar que nadie como Sicilia para entender el dolor de las víctimas y para entender la necesidad de tener una normatividad que funcione y que dé respuestas, Poiré Romero destacó su interés por sentarse a la mesa con el activista lo antes posible y encontrar un instrumento que garantice resultados positivos.
En un comunicado, el encargado de la política interna comentó que ha buscado al propio Javier Sicilia y además se comunicó con Emilio Álvarez Icaza y con otras organizaciones de defensa de las víctimas.
“El propósito de todos es poder tener una Ley de Atención a Víctimas que funcione. Ese es justamente el llamado que reiteramos desde el gobierno federal”, porque como estaba planteada no iba a resolver el problema que hoy se tiene de atención a las víctimas, advirtió.
“Tampoco se puede ignorar que la ley, como se aprobó, tiene problemas que la pueden hacer contraproducente o, incluso, que se pierdan los avances que tenemos hasta ahora”, aseveró.
En este marco, Alejandro Poiré destacó que nueve de cada 10 delitos son del fuero común y como está planteada la Ley General de Víctimas se corre el riesgo de que estados y municipios se puedan excluir de su aplicación.
Subrayó la plena disposición de la administración del presidente Felipe Calderón para continuar trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar atención a las víctimas de una manera adecuada y directa.
Respecto a las observaciones del Ejecutivo federal para enriquecer el proyecto de decreto por el que expide dicha la ley, puntualizó que fueron hechas en tiempo y forma, considerando que la Cámara de Diputados remitió el instrumento el 1 de junio.
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