Política industrial sí, con protección a los recursos naturales: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2026.- Hoy en día numerosos países discuten la relevancia de tener una estrategia que aborde la política industrial con la perspectiva de la tercera década del siglo XXI, enfatizó la directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León. 

Es decir, que permita formular planes de acción para transformar sus estructuras productivas, acelerar las transiciones verdes, además de recuperar las capacidades económicas estratégicas, indicó en el seminario “Nuevas fronteras para la política industrial en México: innovación, gobernanza y transición verde”.

A decir de la especialista, este encuentro académico contribuye al debate público nacional y regional sobre la política en la materia, un tema que se dejó de lado por largo tiempo.

Y recordó además que en 2029 la FE cumplirá 100 años de existencia, lo que significa que es la más antigua de México, la primera escuela de Economía en nuestro país y América Latina, además de ser una de las piezas fundamentales en la nación.

Durante la mesa “Política industrial en disputa: democracia, transición verde y capacidades estatales”, la directora de Investigación de Alameda Institute, Sabrina Fernandes, consideró necesario reconocer la diferencia entre producción y capacidad productiva. En el primer caso va sin rumbo, justicia, ni resiliencia; sirve solo a objetivos de algunos grupos, sin respetar los límites planetarios y tampoco las condiciones ecológicas básicas.

La maestra en Política Económica señaló: Debemos entender que no hay una naturaleza democrática en la política industrial; hay un sentido tecnocrático para ser una herramienta de los Estados, a fin de ayudar a sus aliados, ya sea del ámbito privado o de la sociedad, especialmente por dictaduras que sacaron ganancias para las élites.

A su vez, la economista senior del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Maria Fernanda Valdés, añadió: en el caso de Colombia, cuando se pensó en pasar de la elaboración de materias primas a prácticas más sostenibles se consideró que únicamente se requería el apoyo técnico y se debía realizar a partir de cero.

Lo más difícil de una política industrial en una democracia es lo que llamo la economía del desmontaje; es decir, construir nuevas coaliciones, legitimidad de visión de progreso que sea capaz de disputar el terreno de lo que está instalado, aseveró.

Las democracias son minoría

En tanto, el director del Centro de Tecnología e Industrialización para el Desarrollo de la Universidad de Oxford, Amir Lebdioui, insistió en que la mayoría de las personas expertas en política industrial provienen de países que no son democráticos o trabajan en naciones autocráticas.

Ante estudiantes y personal académico reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, de la FE, el investigador británico detalló que un estudio implementado por su equipo reveló que más de 70 por ciento de los países que han impulsado el tópico son autocráticas, mientras que las democracias son minoría.

Para el director de la red latinoamericana Democracia+, Andrés Valenciano Yamuni, el problema de la legitimidad de la política de desarrollo productivo comienza con la electoral porque en una democracia es donde se construye el mandato al establecer qué es lo que autoriza la gente y qué es lo que el político puede y quiere.

De acuerdo con el especialista, no se puede tener una campaña electoral de promesas de transformación a largo plazo cuando la gente lo que necesita son soluciones concretas día a día.