Política para romper monopolios, prioritario para el país: CESOP

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio (Quadratín México).- El gobierno federal debe desarrollar una política económica que promueva al máximo la competencia entre los grupos económicos, que les garantice condiciones de igualdad en el terreno donde se desempeñan, que castigue conductas ilegales en materia de competencia y que impida que en los mercados se produzcan condiciones de dominancia.

En un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), sobre la Ley anti monopolios y la competencia económica en México, reconoce el avance en nuestro país con las reformas estructurales de primera generación, que consolidaron la estabilidad macroeconómica, y que llevaron a la liberación y apertura de mercados.

No obstante, apunta la necesidad de avanzar en nuevos cambios que faciliten el acceso a mercados.

En 2009, el Índice Global de Competitividad del (WEF) identifica como los principales problemas en México: los niveles de dominancia en ciertos mercados y sectores, junto a la poca efectividad de las políticas anti monopolios. También ubica al país en la posición  número 73 de un total de 134 naciones evaluadas en el tema de eficiencia de mercados de bienes y servicios; razón por la cual convoca a una mayor liberalización y a la aprobación de reformas estructurales.

El documento del CESOP advierte que los dos factores que más afectan la competitividad en el país son la poca flexibilidad en el mercado laboral y las condiciones de competencia imperfecta en bienes y servicios.

Hace énfasis sobre el papel fundamental que tiene la Comisión Federal de Competencia (CFC) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que cuenta con autonomía técnica y operativa.

Asimismo, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) prevé que en ningún caso la CFC administrará ni dispondrá de los fondos que se generen a través de la aplicación de sanciones económicas y que los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley, se destinaran a los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa que administra la Secretaría de Económica.

La OCDE estima que en nuestro país la disfuncionalidad en la telecomunicaciones ocasionó  una pérdida de bienestar de 1.8% del producto interno bruto (PIB) anual de 2005 a 2009.

Finalmente el estudio señala que el entramado legal es insuficiente para desalentar las prácticas monopólicas habituales lo que genera una sensación de que las empresas dominantes son intocables, al mismo tiempo que hay frustración e impotencia de los demás participantes. Además  de hacer entender a las empresas y consumidores los beneficios de la competencia económica.

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