Política prohibitiva sobre drogas dispara número de homicidios: Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre de 2016.- La política prohibitiva y de control de drogas en México, particularmente la estrategia de “combate frontal” al narcotráfico, promovida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ha derivado en el incremento en el número de homicidios en los últimos años.

El año 2011 se ubicó con el mayor número de víctimas registradas –con aproximadamente 27 mil– pero a pesar del paso de los años, el número de víctimas mortales sigue siendo elevado, ya que se ubican cerca de 20 mil decesos cada año subsecuente.

De esta forma concluye un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que señala, además, que la política de prohibición y penalización del cultivo de las diversas drogas ha derivado, entre otros fenómenos, en la criminalización de los campesinos y en su encarcelamiento, profundizando la situaciones de pobreza que se viven en el área rural.

“Aun cuando los campesinos imputados tenga escasa, educación formal y, vivan en extrema pobreza, el Código Penal Federal les impone una sanción de uno a seis años de prisión”, reconoce el estudio.

Asimismo, el marco jurídico en nuestro país provoca que la mitad de las personas procesadas por delitos del fuero federal sean acusadas de delitos en materia de narcóticos, con un 52 por ciento, seguido de los ilícitos relacionados con uso de armas de fuego, con 28 puntos porcentuales.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de 1997 a 2012, el número de personas procesadas penalmente por delitos en materia de narcóticos, en ambos fueros, se ha incrementado en forma importante, toda vez que mientras a finales de la década de los años noventa, se procesaban alrededor de 11 mil personas, 13 años después la cifra alcanza cerca de los 25 mil, poco más de un 100 por ciento de incremento.

Además, dejar ver que el uso de la prisión preventiva es uno de los aspectos más punitivos de la política de control de drogas, ya que nueve de cada diez personas acusadas de cometer delitos sobre uso o posesión de narcóticos en el fuero federal, reciben auto de formal prisión, es decir, deben enfrentar las acusaciones y llevar los respectivos juicios en reclusión (a pesar de ser jurídicamente inocentes hasta que se pruebe lo contrario y sean declarados culpables).

En tanto, el 10 por ciento restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesarlos, por sobreseimiento de sus caos o por dictarse su libertad absoluta. Así las cosas, la información recabada ha revelado también que un gran número de jóvenes, de 18 a 25 años, son enviados a prisión acusados de cometer delitos de narcóticos.

Como ejemplo citó que en 2012 ingresaron aproximadamente 19 mil personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico, de los cuales una de cada tres se encontraba en ese rango de edad.

¿En qué situación socioeconómica se encuentran los procesados?

Se encontró que estos jóvenes tienen un nivel educativo bajo: uno de cada tres aprobó únicamente algún grado de primaria. En general, ocho de cada diez no entraron a nivel bachillerato. Con respecto a su situación laboral, nueve de cada diez afirmaron tener algún trabajo –cerca de 17 mil en 2012–. De entre ellos, sus ocupaciones eran las siguientes: 30 por ciento eran obreros o artesanos, 13 por ciento comerciantes y 10 por ciento trabajadores agropecuarios.

Abunda que la situación de encarcelar por delitos menores a miles de hombres muy jóvenes con baja escolaridad y ocupaciones precarias, ha motivado a algunos académicos y activistas a señalar que la política de drogas afecta sobremanera a los jóvenes ya de por sí marginalizados.

“Muchos adolescentes y jóvenes, en diversos países, son privados de su libertad por leyes desmedidas o fuera de proporción en relación con el contexto de pobreza y falta de oportunidades en el que viven”, señala el estudio.

Así también resalta que el elevado número de personas procesadas y sentenciadas por delios de narcóticos, implica un uso intensivo de recursos de procuración e impartición de justicia, así como del sistema penitenciario, recursos que se destinan principalmente a perseguir y sancionar delitos no graves, cuyas penas son menores a un año.

Es por ello, que el Instituto Belisario Domínguez recomienda a los legisladores un análisis detallado sobre el uso de los recursos públicos que implica la política de prohibitiva y control de drogas; además de una evaluación detallada de sus resultados versus costos en recursos públicos, incluyendo, por supuesto, costos de oportunidad en prevención de adicciones y persecuciones de delitos graves.