
Urge candidato Roldán Olvera por justicia más ética y cercana
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero de 2018.- En la lucha por la dignidad del pueblo chihuahuense, el Gobierno del estado encabezado por Javier Corral emprenderá acciones legales a través de dos vías: una controversia constitucional contra la omisión de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de entregar los recursos y la otra tiene que ver con la solicitud de extradición de César Duarte.
Sobre esta estrategia jurídica, el abogado Paulo Díez Gargari advirtió que esta lucha, contra la corrupción y la impunidad, llegará a los tribunales.
Abundó que no deja de haber suspicacias, puesto que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentó la solicitud de extradición del ex mandatario mediante tres órdenes de aprehensión por dos delitos estatales y una federal.
Sin embargo, aunque se ve como un paso positivo, dijo que existen otras ocho órdenes de aprehensión que tienen que ser incorporadas a la brevedad ya que el tratado de extradición México-Estados Unidos establece que el extraditado sólo puede ser juzgado en el país que lo solicita, por aquellos delitos que se hayan incluido en la solicitud.
Díez Gargari consideró que primero debió haberse liberado la detención de Duarte, con fines de extradición, y una vez capturado se hubiera presentado la solicitud para lo cual el tratado da 60 días de plazo.
En conferencia de prensa desde la Casa Chihuahua, oficina enlace del gobierno estatal en la Ciudad de México, anunció que presentarán una serie de amparos ciudadanos a través de organizaciones de la sociedad chihuahuenses y ciudadanos.
“Este es un tema central en el combate a la corrupción y tenemos que seguir insistiendo al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia”, reiteró el abogado.