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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de septiembre de 2018.- Como resultado de las investigaciones relacionadas con el cateo realizado este jueves a un bar (Curazao) ubicado en Insurgentes Sur, colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) determinó el ejercicio de la acción penal contra cinco de los presentados, identificados por las víctimas como las mismas personas que obtenían beneficios económicos de los servicios sexuales que ellas ofrecían.
En conferencia de prensa, la fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar, explicó que personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI), con el apoyo de la Policía Federal (PF), la madrugada de este jueves se trasladaron al citado bar para dar cumplimiento a la orden de cateo girada por un juez de control.
Durante la ejecución del mandato, indicó, cinco de las víctimas solicitaron el apoyo de los servidores públicos, toda vez que dijeron no estar de acuerdo en que los inculpados obtengan beneficios económicos del trabajo que realizan.
Bautista Rebollar añadió que tras la denuncia, las mujeres identificaron al administrador del bar y al capitán de meseros como las personas que, además de promoverlas, se quedaban con la mayor parte de las ganancias.
Señalaron a uno de los meseros como el que presuntamente las promovía y aleccionaba en caso de que hubiera algún operativo; a la boletera, quien supuestamente las promovía y a un hombre de 51 años que utilizaba varios nombres, como el que las dirigía.
Lo anterior se refuerza con lo observado por los servidores públicos respecto a que la boletera había recibido dinero de uno de los clientes al tiempo que el mesero conducía a una de las víctimas a uno de los privados donde se encontraba el hombre que les había pagado por el servicio sexual.
Por estos hechos, los cinco imputados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas donde se inició una carpeta de investigación por el delito de trata de personas.
Resaltan que de acuerdo con el protocolo de actuación de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, a las denunciantes se les proporciona apoyo psicológico, médico y jurídico.
En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial para control de detención en el Reclusorio Preventivo Sur, para que el juez de control ratifique como legal la detención, los vincule a proceso y les imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
De acuerdo con la Ley General de Trata de Personas para la Ciudad de México, el delito se castiga con hasta 30 años de cárcel.