PRD presenta acción de inconstitucionalidad contra Ley Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2019.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD presentó acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar la llamada Ley Bonilla, en la que se fundamenta un cúmulo de inconsistencias legales por parte del Congreso de la entidad y del gobernador electo, con el apoyo de las autoridades locales y federales.

En la sede del máximo órgano judicial, los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Adriana Díaz, Fernando Belaunzarán, Camerino Márquez y Jaime Martínez Veloz, afirmaron que este instituto político ha dado la lucha desde antes de la elección en el estado, presentando documentos y pruebas sobre las múltiples irregularidades que el gobernador electo cometió, como la residencia de Jaime Bonilla y los antecedentes penales que tiene en su contra.

Ángel Ávila Romero resaltó la importancia que tiene para la vida nacional la presentación de las acciones de inconstitucionalidad para revocar la pretendida ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años.

Subrayó que este instituto político ha sido un actor fundamental en esa lucha para que el voto de la gente pueda ser respetado, hoy lo que vemos es un intento por parte de Morena de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno.

«No solamente lo decimos nosotros, lo expresa la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, es a todas luces una ley que va en detrimento de la vida democrática, del pacto federal y pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas a lo largo de 30 años de transición política, en los cuales, el PRD ha dado una lucha fundamental para que el voto de la gente pueda ser contado y respetado. Hoy vemos un intento por parte de Morena y de su presidenta, Yeidckol Polevnsky, de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno”, enfatizó.

El excandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz afirmó que lo que intenta hacer Bonilla y su equipo es de importancia a nivel nacional, ya que este precedente sentaría las bases para que en otros estados se pretenda hacer lo mismo e incluso a nivel de la Presidencia de la República.

Añadió que no permitirán la violación a la constitución que pretende hacer el Bonilla, ya que las modificaciones a la constitución en materia electoral, se deben hacer tres meses antes de cuando empieza el periodo electoral y en este caso el Congreso local se reunió después de la elección para pretender ampliar el periodo, suplantando la voluntad popular y en medio de una acción manchada por la corrupción.

Fernando Belaunzarán calificó la Ley Bonilla como “un acto golpista, de agandalle del poder que no podemos permitir que suceda, de lo contrario se moriría el contrapeso y se continuará con la concentración del poder y del híper presidencialismo que estamos viviendo los mexicanos”.

Afirmó que es inadmisible que la secretaria de Gobernación pretenda deslindarse y decir que no ha hablado con el gobernador saliente y entrante cuando es evidente su responsabilidad. “Es un problema de gobernabilidad muy serio pretender alargar el periodo de gobierno de dos a cinco años, esta aberración es peor que una reelección, es el agandalle de unos oportunistas y eso no lo podemos permitir”.

Expresó que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dejó claro que la elección fue por dos años y no se puede suplantar por una “consulta patito o gansito” en la que no participó ni el dos por ciento del padrón, una elección sin ningún tipo de garantías constitucionales, donde usaron la estructura de los Servidores de la Nación para organizarla con el fin de hacer un fraude del tamaño del pueblo bajacaliforniano.

El recurso legal planeta que la reforma impugnada carece de la más elemental fundamentación y motivación legislativa, pues, en el proceso electoral local ordinario del 2018-2019, fue convocado para la elección titular del Ejecutivo por un periodo en específico, el cual, al haber finalizado, de ninguna manera puede ser reducido ni ampliado.

Busca impugnar el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, aprobado mediante decreto número 112 de fecha 11 de septiembre y publicado el 17 de octubre del año 2014.

En relación a los graves acontecimientos sucedidos en el estado de Sinaloa, Ángel Ávila afirmó que los mexicanos vimos el pacto del Gobierno Federal con el crimen organizado y generar una “pax narca”, es decir, acordar con los criminales para que no haya violencia y se puedan dedicar al narcotráfico a cambio de tener paz en las comunidades y los estados.

Reconoció que el Presidente ha recibido una herencia terrible en materia de seguridad, pero es necesario que acepte que su estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” y del “fuchi, guácala” no va dar resultados y eventos como los de ayer deja claro que en temas de seguridad el que manda en este país es el crimen organizado.

“Nosotros le hacemos un llamado al Presidente a conjuntar esfuerzos y ayudar poco a poco en el tema de la seguridad, un primer paso que debiéramos estar viendo todos los partidos políticos, pero principalmente el ejecutivo federal, no puede tener resultados distintos si no tiene mayor inversión en materia de seguridad”, concluyó.