El IMSS y el fracaso de Morena
@guerrerochipres
El debate sobre el impuesto predial en la Ciudad de México representó una oportunidad para aclarar el rumbo de la política fiscal de la capital ante a las interpretaciones sobre un posible incremento impositivo.
Frente al disenso de algunos sectores de la política local respecto a la propuesta de actualizar el valor catastral contenida en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, neutraliza la confrontación al desestimar las interpretaciones sobre cualquier pretensión de incremento en el impuesto.
“Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subirá”. La frase durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso local, acompañada con datos duros, muestra un panorama financiero sano. Tan solo durante el primer trimestre de este año, la recaudación del predial creció 35 por ciento; además, en 2025 los ingresos locales alcanzaron 151 mil millones de pesos.
La planeación territorial y la política tributaria corresponden a ámbitos distintos. Una propuesta para mejorar la coordinación catastral no equivale, por sí misma, a un aumento del impuesto. Confundir ambos asuntos alimenta sospechas sin aportar claridad sobre las disposiciones fiscales aplicables.
Lejos de una estrategia de aumento, la medida central anunciada por Brugada desde la tribuna del Palacio de Donceles se orientó al apoyo social: “para aquellos que tengan adeudo en el predial (...) no cobraremos ni una multa o recargo el próximo año”.
Esta disposición tiene efectos directos en la economía de las familias. Para quienes tienen pagos pendientes, las penalizaciones pueden convertirse en una barrera para regularizar su situación patrimonial. Su eliminación, bajo las condiciones y los plazos establecidos por el Gobierno capitalino, facilitará el cumplimiento fiscal y reducirá una carga acumulada.
La discusión pública necesita datos, documentos y precisiones, no alarmas anticipadas. Defender el patrimonio de las familias exige información verificable, mientras que fortalecer las finanzas de la ciudad requiere responsabilidad recaudatoria.
Alejada de la narrativa sobre una supuesta amenaza de aumento al predial, la mandataria capitalina expuso mejores instrumentos administrativos, facilidades para regularizar adeudos y certeza sobre las obligaciones fiscales.
Frente a la especulación y las alarmas anticipadas sobre la planeación territorial, la respuesta gubernamental optó por la claridad de las cifras y el pragmatismo social. Condonar recargos en lugar de aumentar tasas reconfigura el concepto de justicia fiscal, convirtiendo un punto de fricción política en una oportunidad de regularización patrimonial.
Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5 de la Ciudad de México