Prensa, asediada en BC por agresiones impunes: Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2018.- En Baja California, la libertad de expresión se vive bajo un clima de asedio. Tan sólo entre el 4 y 5 de abril, Artículo 19 documentó múltiples agresiones por parte de particulares y funcionarios públicos contra periodistas de diversos medios en distintos eventos.

La organización añadió en un reportaje que los periodistas de Baja California Dora Elena Cortés, editora de Agencia Fronteriza de Noticias y el reportero Odilón García, titular del portal noticioso diariotijuana.info recibieron amenazas de muerte, escritas con lenguaje homofóbico, mediante una manta que fue colocada alrededor de las nueve de la noche del 4 de abril de 2018.

Dicha manta fue colgada en el puente que conecta la popular plaza de la zona del Río Tijuana con el edificio del Centro de Gobierno en Tijuana.

De acuerdo a las víctimas de las amenazas, entrevistadas por Artículo 19, los presuntos autores intelectuales fueron identificados como los particulares Mariano Soto e Iván Martín del Campo, también conocido como Iván Riebeling.

El 2 de abril Artículo 19 emitió una alerta por amenazas previas de Iván Riebeling en contra del reportero Odilón García.

De acuerdo a las víctimas de las recientes amenazas, éstas constituyen represalias por coberturas periodísticas que han sacado a la luz antecedentes criminales de los agresores así como falsas declaraciones por parte de Iván Martín del Campo.

También, Artículo 19 documentó ataques físicos, detenciones arbitrarias, destrucción de equipo de trabajo y bloqueo informativo a reporteros por parte de la policía municipal de Tijuana cometidas en Playas de Tijuana, durante la cobertura de un operativo de desalojo de la policía municipal el 5 de abril de 2018 (video aquí).

Antonio Maya, reportero de La Jornada de Baja California, José Luis Camarillo reportero de Uniradio y El Sol de Tijuana, Yolanda Caballero, de Primer Sistema de Noticias, reportaron a Artículo 19 que fueron agredidos por elementos de la policía municipal mientras estaban documentando un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la corporación contra las personas que se oponían al desalojo.

Antonio Maya narró en entrevista con Artículo 19 que alrededor de las 11 horas del 5 de abril, acudió con otros colegas a Playas de Tijuana donde se encontraron con un despliegue de alrededor 60 policías municipales provistos de equipo antimotines acompañados de elementos de seguridad privada. Después de una media hora, la policía municipal recibió la orden de desalojar el terreno.

El reportero Maya narró que cuando empezó a grabar los disturbios, un oficial de policía municipal de Tijuana lo jaloneó y logró tirar el celular con el cual estaba grabando al piso y otro policía lo pateó con afán de alejar el aparato y bloquear su cobertura.

Cuando Maya se identificó como reportero, uno de los policías le gritó «¡Ni madres!» y en este momento empezaron a golpearle, el reportero cayó al suelo mientras seguía recibiendo golpes en el rostro, las costillas y el pecho.

En este momento ya se habían acercado otros colegas intentando auxiliar el reportero, lograron levantarlo y alejar de los policías municipales. Durante la agresión física, también resultaron dañados su laptop y el celular con el cual estaba grabando, ambos, equipo de trabajo.

En el mismo episodio, José Luis Camarillo fue víctima de una detención arbitraria, después de grabar cómo los policías municipales golpeaban a las personas desalojadas. Camarillo reiteró que en Baja California este tipo de violaciones de derechos se han vuelto comunes: «son constantes los incidentes con la policía municipal».

Camarillo se percató de que había un colega periodista que estaba siendo agredido por lo que se acercó y siguió filmando. Posteriormente narró a Artículo 19 cómo un elemento de la policía municipal lo tira al piso a golpes y empujones y entre varios uniformados lo levantaron y lo introdujeron violentamente al interior de una camioneta junto con otra persona desalojada.

Después de la detención arbitraria, José Luis Camarillo fue trasladado a la comandancia de la policía de Playas de Tijuana y presentado ante de un juez bajo la acusación de interferir en el trabajo de la autoridad policiaca. Después de media hora fue puesto en libertad sin más explicación (video aquí).

Yolanda Caballero, reportera de Primer Sistema de Noticias y quien también se encontraba en el lugar de los hechos, indicó que en el momento del desalojo se movió a un lado del contingente para protegerse. La periodista se encontraba grabando los acontecimientos cuando un agente municipal la empujó con el escudo para impedir que siguiera documentando.

La reportera comenzó a grabar al policía, quien le arrebató su teléfono para que no pudiera seguir con su cobertura periodística.

Sandra Esquer Montoya, directora del Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California señala que «el no instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del estado sobre el rol de la prensa en manifestaciones o actos tumultuarios, además de no contar con los protocolos de actuación generan un marco de violencia contra periodistas. En los últimos días se ha evidenciado la falta de protección a la labor periodística».

La defensora de derechos humanos Esquer Montoya enfatizó la importancia de garantías para la libertad de expresión especialmente en el marco electoral.

Artículo 19 activó la Red Rompe el Miedo en Baja California y en el resto de las entidades federativas para documentar y monitorear agresiones en el marco de los próximos comicios de julio de 2018.

Respecto a este contexto de violencia generalizada reciente, el periodista Said Betanzos Arzola, colaborador del Diario EL Mexicano y quien sufriera acoso por parte del Poder Judicial de Ensenada en diciembre de 2017 encaminado a censurarle, reiteró a Artículo 19 «el deterioro de la situación y las constantes embestidas contra la prensa» en la entidad.

Las graves agresiones recientes documentadas esta semana profundizan la crisis de libertad de expresión que Artículo 19 documentó en años recientes por parte de funcionarios públicos a través de detenciones arbitrarias, amenazas, condicionamiento de pagos de publicidad oficial, demandas y campañas de difamación, ataques cibernéticos, criminalización y denuncias infundadas.

Tan sólo en 2017, Artículo 19 documentó 18 agresiones contra la prensa incluyendo el asesinato del periodista y director de la revista mensual Dictamen BC, Luciano Rivera.

Por lo que Artículo 19 exigió al poder ejecutivo de Baja California y en específico a los elementos de la policía municipal de Tijuana se abstengan de obstaculizar el flujo informativo mediante acciones u omisiones violatorias al derecho a la libertad de expresión.

Exhortó a la ​​​​​​​​​​​​ Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a que emprenda una investigación diligente, técnica y exhaustiva que integre el contexto de agresiones y la cobertura periodística de las víctimas para la adecuada impartición de justicia.

Instó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a dar seguimiento puntual a la emisión de medidas cautelares difundidas en su comunicado de prensa DGC/087/18 y emitir las recomendaciones puntuales hacia las autoridades involucradas así como seguimiento para la garantía de no repetición de violaciones de derechos.

Y conminó al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a que provea de asistencia inmediata e incorporación a las y los periodistas agredidos para garantizar su seguridad e integridad personal.