Preocupa propuesta regulatoria para outsourcing en México

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2021.- Luego de la iniciativa del Gobierno Federal, de fecha 12 de noviembre de 2020, mediante la cual se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Vivienda del Fondo para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Bettina Schaller, presidenta de la World Employment Confederation (WEC) y Roberto Suarez Santos, Secretario General del International Organisation of Employers (IOE), dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En ella, hacen referencia a la Iniciativa que tiene el propósito principal de eliminar la figura de la subcontratación y regular a los intermediarios en el mercado laboral, con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y sus familias. 

La IOE es la red del sector privado más extensa del mundo y representa a más de 50 millones de empresas en más de 150 países. Es el único representante de las empresas en los debates sobre políticas sociales y de empleo que tienen lugar en la OIT, en las Naciones Unidas, el G20 y otros foros emergentes. Apoyamos a las organizaciones nacionales de empleadores en su supervisión de la aplicación de los instrumentos de la OIT por parte de su gobierno en su país y les asesoramos sobre los diversos mecanismos de supervisión de las normas de la OIT. 

La Confederación Mundial del Empleo (WEC), con sede en Bruselas y con presencia mundial en todo el mundo, incluido México, es el representante mundial de los servicios de empleo privados. Representa a 50 países y a las 7 firmas multinacionales de RR.HH. más grandes del mundo. A lo largo de nuestra membresía, se brinda una amplia diversidad de servicios de recursos humanos, incluido el trabajo a través de agencias (dotación de personal flexible y permanente), contratación, gestión de carrera y soluciones de mejora de habilidades. 

Nos estamos comunicando con usted a medida que nos enteramos de que su administración busca regular el mercado de la «subcontratación». Acogemos con beneplácito esos esfuerzos, ya que nos asociamos con gobiernos de todo el mundo para establecer estructuras del mercado laboral que representen el trabajo decente, estándares equilibrados de empleo productivo y prácticas de contratación justas. En todo el mundo, diversos acuerdos laborales, incluidos los servicios de empleo privados, como partes interesadas importantes en los mercados laborales, están regulados de manera que evitan la existencia de actores deshonestos y promueven caminos hacia un trabajo formal, sostenible y de calidad.

Reconocemos las tremendas oportunidades que presenta el mercado laboral mexicano, mientras que al mismo tiempo enfrentamos altos niveles de informalidad y, lo que es más importante, una gran cantidad de proveedores deshonestos que distorsionan el mercado laboral. Creemos que existe la oportunidad de aprender de las mejores prácticas globales y aprovecharlas en beneficio del pueblo y la economía mexicanos. 

Como partes interesadas importantes a nivel mundial en materia de empleo y política social, favorecemos la implementación efectiva de reglas y regulaciones para luchar contra aquellos que socavan el trabajo decente, el empleo productivo y la igualdad de condiciones a través de conductas delictivas, maliciosas y libres. 

Su Administración puede brindarle a México la oportunidad única de adaptar el Código del Trabajo a los desarrollos actuales y futuros del mundo del trabajo. Una clave radica en sentar las bases de diversas formas de trabajo en las que se definen, clasifican y regulan adecuadamente todas las modalidades de contratación, desde la subcontratación hasta la subcontratación y el trabajo por agencias de trabajo temporal. Nuestra pericia y experiencia demuestra que las regulaciones laborales claramente articuladas atraen inversiones sostenibles; impulsa la competitividad de un país, introduce seguridad jurídica para el funcionamiento de las empresas e impulsa la formalidad. 

De hecho, donde están debidamente reguladas, las diversas formas de trabajo, incluida la subcontratación y el trabajo a través de agencias de trabajo temporal, entre otras, contribuyen a niveles más altos de trabajo formal, activación del mercado laboral, transición y empleabilidad mediante la mejora y la recalificación. A menudo, estos beneficios se organizan a través del diálogo social entre las organizaciones empresariales pertinentes y los representantes de los trabajadores.

Las instituciones internacionales del mercado laboral, incluidas la OIT, la OCDE, la OIM, el G20 y los representantes de las organizaciones de empleadores de todo el mundo, reconocen la necesidad de unos mercados laborales bien regulados, que fomenten el crecimiento del empleo y mantengan los derechos en el trabajo. Las diversas formas de trabajo, cuando están debidamente reguladas, pueden contribuir en gran medida a la creación de trabajo decente, especialmente en estos tiempos de crisis (3). 

Humildemente hacemos un llamado al Gobierno de México a trabajar con CONCAMIN y COPARMEX como las organizaciones de empleadores más representativas, con las organizaciones de trabajadores más representativas y con la Organización Internacional de Empleadores (OIE); con la Confederación Mundial del Empleo, así como con la OIT, la OCDE y representantes de trabajadores y empresas mexicanas para dar forma al reconocimiento legal del trabajo por agencia y la subcontratación como una forma de trabajo legalmente reconocida.

Esto crearía claridad jurídica y distinguiría claramente en la ley (1) la situación en la que un contratista se compromete a la prestación de un servicio o resultado específico (es decir, la subcontratación) y (2) la situación en la que los trabajadores son empleados por una empresa privada agencia de empleo y están asignados temporalmente a una empresa usuaria y trabajan bajo la supervisión y dirección de esta empresa usuaria (es decir, trabajo de agencia). Al hacerlo, México se uniría a la abrumadora mayoría de países de la OCDE que ya lo han hecho. Crearía un marco regulatorio claro para las relaciones laborales triangulares que brinden seguridad y flexibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas. 

Estamos a la entera disposición de su Administración para configurar un marco de mercado laboral que proteja a los trabajadores, combata la informalidad, atraiga inversiones sostenibles; impulsa la competitividad del país e introduce seguridad jurídica para que las empresas operen y generen empleo productivo, señalaron los directivos en su misiva.