Preocupan retos en aplicación de Ley General contra la Tortura

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio de 2017.- Aunque la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tiene un alto valor político, diputados y senadores cuestionaron el funcionamiento de la aplicación de la legislación, frente a la impunidad de las violaciones graves a derechos humanos.

En un debate relativo a la publicación del decreto, inscrito en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresaron en tribuna su preocupación para dar seguimiento desde el Poder Legislativo y trabajar en la obtención de cifras reales y una evaluación seria sobre esta práctica.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, expresó en tribuna: “¿la ley sirve o no sirve?”, pregunta que quedará en el ánimo de todos.

La perredista señaló que el alcance de las facultades y obligaciones de la ley de naturaleza penal no van a poder concretarse, mientras no se cumpla con el propósito de su creación.

Por ello, verán como propuesta el informe que dará la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, presidida por la senadora Adriana Dávila.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza dijo que una de las preocupaciones para Acción Nacional que genera a raíz de la situación que enfrenta el país es que realmente funcione la aplicación de la ley.

“Que haga frente a la impunidad en las violaciones graves a derechos humanos, y para todo esto será crucial el seguimiento que le demos desde el Poder Legislativo y trabajar también en la obtención de cifras reales y un análisis serio sobre esta práctica”, enfatizó.

El senador Miguel Barbosa Huerta mencionó que en la mayoría de los procesos aún se ejerce presión que puede equipararse a tortura; “la incomunicación de los detenidos y las detenciones son actos de tortura”, consideró.

El legislador del bloque PT-Morena apuntó: “vamos a ver si esta Ley es capaz de modificar. Las leyes se aprueban con dos propósitos posibles: uno regular la conducta existente o crear una nueva conducta”; para Barbosa Huerta lo que se tiene que hacer es lo último, una cultura de respeto a la Ley por parte de la autoridad.

El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo que con la publicación de esta ley se salda una deuda que se tenía con la sociedad mexicana, dado que se pretende erradicar una cultura que se arraigó durante décadas en México.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, refirió que cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2016 a diciembre de 2015 registraron cuatro mil 400 quejas sobre trato cruel o degradante.

En 2012, según la encuesta del CIDE, 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34.6 por ciento declaró haber sido forzado a firmar o a modificar una confesión.

Otra cifra de la CNDH, es que de 2000 a 2017 se presentaron 417 quejas en materia de tortura y en lo que va del año 56. En este lapso, se han emitido un total de 100 recomendaciones.

Datos aportados por el relator especial de las Organizaciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos Crueles mencionan que para 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) contaba con dos mil 450 investigaciones en trámite por el delito de tortura. Sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias, entre 2006 y 2015.

La panista consideró imperante contar con una legislación adecuada, que clarificara este tipo penal, para perfeccionar la investigación y sanción a esta violación de los derechos humanos.

“México debe ser un país que avance justamente hacia esa consolidación de un Estado democrático de derecho donde la tortura sea desterradas para siempre”, reiteró.