Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
CIUDAD DE MÉXICO., 8 de diciembre de 2018.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación porque México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción al bajar del punto 3 al 29, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI), mientras que a nivel regional también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esta posición, de acuerdo con la OCDE, se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimiento relacionados con la investigación y sanción de corrupción en operaciones internacionales, conforme a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Internacionales.
Además,los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 efectuada por el INEGI señalan que el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7,218 millones de pesos, lo que representa 12.5 por ciento de cambio respecto de 2015.
En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción –9 de diciembre—, la Comisión Nacional exhortó a las autoridades gubernamentales a cumplir cabalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, además de adoptar las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro carácter para prevenir y sancionar actos de corrupción, los cuales impiden el desarrollo económico de nuestro país, debilitan a las instituciones y transgreden los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellas en situación de pobreza y de grupos de atención prioritaria.
Igualmente, llamó al Senado de la República de nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción y demanda al nuevo gobierno federal el fortalecimiento de las fiscalías autónomas y dar el siguiente paso para su materialización en los niveles federal y estatales, para el efectivo acceso a la justicia, en aras del cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 relativo a la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas.