Presencia de Barrales es ilegal: Militantes de Izquierda

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2017.- Dirigentes del frente de expresiones del PRD, denominado Militantes de Izquierda (MiZ) asistieron este martes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el fin de entrevistarse con la Magistrada Presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis.

En conferencia de prensa, ofrecida en las instalaciones del TEPJF, Carlos García Sotelo, manifestó que la visita se realizó con el fin de conocer el estado que guardan diversos Juicios de Protección de Derechos Constitucionales (JDC) y promover que se atiendan “para que sean a la brevedad, dado que están aconteciendo hechos en el PRD que configuran un quebrantamiento de la legalidad al interior del PRD”.

De acuerdo con un comunicado, Sotelo García aseguró que “hay una especie de asalto, de secuestro, de apropiación indebida promovida por una mayoría en los órganos de dirección nacionales y la legalidad no es un asunto de correlación de fuerzas, sino de cumplimento de normas”.

Sotelo informó que buscaron que la Sala Superior “nos diga, nos indique si un dirigente partidario puede, al mismo tiempo ejercer un cargo de representación popular, situación en la que recae la actual presidenta nacional”.

Por ello, “pedimos nos interprete el artículo 111 del estatuto del PRD, que prohíbe que un dirigente partidario pueda, al mismo tiempo, tener un cargo de representación popular. La respuesta, a nuestro punto de vista es que es ilegal, por lo que debe de haber una consecuencia de que Alejandra Barrales deje la presidencia nacional del partido”.

“Su presencia es ilegal y se sostiene por la mayoría y no por el estatuto y el TEPJF tiene que intervenir para que regrese la legalidad al PRD”.

El ex senador se refirió al caso de suspensión de derechos partidarios promovido contra Rey Morales Sánchez, tiene que ser resuelto a la brevedad por la Sala Superior del TEPJF, pues “están por suceder eventos importantes al interior del PRD, como el Comité Nacional y el propio Consejo Nacional en la que Rey Morales tiene que ser habilitado para poder asistir y ejercer su derecho de voz y voto.”

Así, aseveró que “esta suspensión es indebida y antijurídica, es de carácter político” toda vez que, al haber suscrito Rey Morales, el acuerdo político que promueve Andrés Manuel López Obrador para la Unidad de fuerzas democráticas y de izquierda, no significa una violación de ninguna norma jurídica del partido, por lo que piden la rehabilitación de sus derechos políticos.

En este sentido, el perredista ejemplificó la inocencia de Morales Sánchez al recordar que la presidenta del PRD, María Alejandra Barrales Magdaleno en mayo anunció que el PRD iría en una alianza con el PAN, lo cual, a decir de Carlos Sotelo, se equipara con la firma de Rey Morales, pues ambos son manifestaciones de externan una idea política, él con AMLO y ella con el PAN, por lo que ninguno de los dos significa hechos consumados ni violación de normas.

Por su parte, Narro Céspedes ratificó que existen procesos para se ha planteado la suspensión de Alejandra Barrales como presidenta del PRD porque no puede tener la doble función de dirigente partidaria y senadora de acuerdo con los estatutos.

José Narro Céspedes, aseguró que los partidos son los partidos políticos son instituciones de carácter público que tienen que cumplir con principios democráticos y que el PRD ha cometido ha cometido un acto pinochetista (sic), pues “estando en el poder lo que están haciendo es prolongando el mandato, estableciendo un golpe de estado”.

Dijo que la dirigencia nacional perredista, busca socavar “nuestros derechos de elegir una nueva dirección y están promoviendo que el Consejo Nacional haga un nombramiento de una dirección provisional y el derecho de votar y ser votado lo tienen secuestrado”.

Por ello, informó que el Tribunal Electoral ha dejado que “los tiempos se vayan agotando y que nuestros derechos sean vulnerables y se cometan actos que son de difícil reparación, y todo viciado con complicidades por los órganos que deben custodiar la legalidad, la objetividad y la certeza de la vida interna y externa de los partidos políticos”.