Presenta CNDH informe especial sobre derecho a accesibilidad

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de agosto de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, mediante el cual se aportan propuestas para subsanar la carencia de un Programa Nacional de Accesibilidad.

Ello conforme a la Recomendación 20 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya implementación beneficiaría no solo a los 7.3 millones de personas en esa condición, sino a casi el 63 por ciento de la población nacional, incluyendo a las personas mayores o aquellas con enfermedades crónico degenerativas, a las que podrían añadirse grupos de poblaciones que, de manera transversal o incluso accidental, puedan beneficiarse, como personas con lesiones temporales, indígenas o migrantes, entre otros.

Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan, en igualdad de condiciones, vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad y, por tanto, es también un tema de derechos humanos y de desarrollo.

Y demandó a las autoridades fortalecer al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) o a un mecanismo de planeación estratégica que coordine las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad mediante recursos humanos, financieros y materiales que le permitan contar con la suficiente capacidad de gestión para generar una estrategia nacional, atender las deficiencias señaladas en este Informe Especial, sistematizar las acciones de las diversas instancias de gobierno y del Estado, así como generar los informes que permitan contar con datos para evaluar la gestión e implementación de la accesibilidad en todos sus ámbitos.

Tras señalar que la accesibilidad es un concepto en evolución, principio indispensable para la realización de otros derechos y un derecho humano en sí mismo, puso en relieve que está asociada exclusivamente a las personas con discapacidad, y con mucha frecuencia a las personas con discapacidad motriz, cuando se debe tomar en cuenta el entorno físico que comprende construcciones y entornos urbanos, todos los medios de transporte, productos, servicios, información y comunicaciones, así como las tecnologías para su uso, aprovechamiento y transmisión, entornos naturales como playas accesibles o parques naturales y acceso, en lo posible, a zonas arqueológicas, por lo que se requiere del compromiso y esfuerzo de muchos actores que no siempre están conscientes de esa responsabilidad, en tanto que para los países que han ratificado la Convención se demanda el compromiso político del más alto nivel.

Acompañado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez y la periodista Katia D’Artigues, el Ombudsperson nacional explicó que hoy en día no existe un documento a nivel nacional en materia de accesibilidad que analice las políticas públicas para su correcta gestión e implementación, razón por la cual esta Comisión Nacional se dio a la tarea de revisar y analizar la información pública federal correspondiente a los periodos de 2006-2012 y 2012-2018, para visibilizar la situación actual en la materia, lo que implicó revisar 76 documentos o informes emitidos por el Ejecutivo Federal y sus dependencias y entidades, Órganos Autónomos, Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, que indican las acciones que han reportado 70 instancias de gobierno y del Estado mexicano, así como 6 informes de la sociedad civil.

Añadió que de 2008 a 2018 se asignaron cinco mil 239 millones 850 mil pesos para accesibilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los cuales 4,050 millones fueron para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte para las Personas con Discapacidad (Fotradis) y mil 189 millones 500 mil pesos para otras acciones enfocadas al entorno físico.

Y aun cuando fue posible identificar montos autorizados, ejercidos y obras ejecutadas por Fotradis, no existe un informe o evaluación que indique la eficacia o el impacto real hacia la población con discapacidad de dichos recursos, que incluyen la compra de vehículos adaptados de diversas características, la construcción de rampas, remodelación de espacios y adaptación de parques.

En el marco de los trabajos del Segundo Encuentro del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, precisó que se identificaron y revisaron 13 normas, guías, manuales o circulares en materia de accesibilidad, de las cuales 7 son para el ámbito del entorno físico y de ellas cuatro son obligatorias; 4 corresponden a las tecnologías de la información y comunicaciones no vinculantes y solo una circular obligatoria para el servicio del transporte aéreo.

El primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, señaló la necesidad de modificar la Norma Oficial Mexicana 034 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que la aplicación de la accesibilidad aplique también en establecimientos con menos de 50 personas trabajadoras, y apuntó que las normas mexicanas hacen referencia a la accesibilidad física de manera parcial, sin tener en cuenta que es transversal y aplica a los diferentes ámbitos.

Señaló que la normatividad revisada se centra en regular la accesibilidad en el ámbito del entorno físico y no hay normatividad vinculante para el transporte, comunicación e información, incluidas las tecnologías de la información y comunicación; falta articulación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para evitar acciones aisladas y de bajo impacto en la materia; las normas y manuales sobre el tema no son vinculantes ni están actualizados conforme a estándares internacionales; se requiere la formación profesional y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicana; se carece de mecanismos de supervisión y sanción por incumplimiento del incipiente marco jurídico en la materia, y el material técnico, teórico y/o normativo consultado es específico para sectores determinados y no abarca todas las ramas del quehacer humano ni la actividad gubernamental o privada, por lo que hay vacíos de información.

Por ello, Eslava Pérez presentó como propuestas la necesidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales sobre accesibilidad; elaborar una Ley General de Accesibilidad y hacer las correspondientes reformas a diversas leyes, a partir de la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio del derecho a la accesibilidad de todas las personas; desarrollar un Programa Nacional de Accesibilidad, con acciones de corto, mediano y largo plazos, a partir de una Estrategia Nacional para la implementación de ese derecho que considere hacer accesible todo lo nuevo, conservar lo que ya es accesible y adecuar lo que no es accesible.

También, estructurar la Estrategia Nacional de Accesibilidad a partir de una perspectiva de diseño universal, considerando que los beneficios son para toda la población, y se promueva paulatinamente la adopción de dicho concepto en los sectores público y privado, y el plan para la implementación de la accesibilidad abarque acciones concretas y medibles, bajo el principio de progresividad; y que el Mecanismo de Coordinación en la materia cuente con los recursos humanos, financieros y materiales que le permitan la suficiente capacidad de gestión para generar una Estrategia Nacional, atender las deficiencias señaladas y transitar hacia la implementación de una política pública basada en el diseño universal que abarque los tres órdenes de gobierno.

Señaló la importancia de que los objetivos, conceptos y disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deben ser conocidos, comprendidos y asumidos en todos los niveles sociales, desde personas servidores públicas de los distintos órdenes de gobierno hasta las y los legisladores, las y los jueces, representantes de los organismos internacionales y la sociedad civil, hasta profesionales de la construcción, educación, salud y servicios de apoyo; desde las instituciones de derechos humanos hasta las y los empresarios y las y representantes de los medios de comunicación, así como desde las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan hasta la población en general.

Expresó su deseo porque la información contenida en este Informe Especial ayude a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas con discapacidad y a que el objetivo de promover las mejores prácticas de inclusión, bajo un esquema de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación se cumpla a cabalidad de manera permanente y sea un parteaguas en la historia de la inclusión en México.

Y Katia D’Artigues señaló que es necesario abandonar la visión que considera a las personas con discapacidad como receptoras de caridad y no como ciudadanos con derechos, sobre todo porque se trata de un sector de la población que enfrenta dificultades para acceder a oportunidades de empleo, educación y justicia, por lo que el Estado mexicano debe liderar con el ejemplo, garantizando la accesibilidad en esta materia.