Presenta Integralia ideas para una nueva reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio (Quadratín México).- Para contribuir al debate sobre la nueva reforma electoral, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia, realizaron el estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012). Ideas para una nueva reforma electoral.

El estudio comprende un diagnóstico elaborado por Integralia, S.C., así como recomendaciones por un panel de expertos convocados por el CEEY para construir un sistema con mayor equidad y más libertades para los ciudadanos.

Señala que los principales problemas del sistema electoral son: a) El costo creciente de las campañas cuyo financiamiento requiere sumas cuantiosas de recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales. b) La corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a campañas a cambio de un pago futuro (por ejemplo, contratos de obra pública y permisos de construcción). c) El desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar campañas políticas. d) Las prácticas tradicionales, pero crecientes, de clientelismo electoral—intentos de compra del voto, movilización de votantes y condicionamiento de programas sociales. e) El pago de cobertura informativa en medios impresos y electrónicos que ha contribuido a una relación corrupta entre algunos gobiernos y medios de comunicación, y f) La creciente litigiosidad del sistema electoral que ha estimulado una industria de la queja y la denuncia entre partidos: entre 2000 y 2012 el número de procesos sancionadores aumentó 338 por ciento.

Por otra parte, las principales fortalezas del sistema electoral mexicano en el ámbito federal son: a) La eficacia del Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las fases operativa y logística de las elecciones. b) La amplia participación de ciudadanos como funcionarios de casillas, cuya labor garantiza imparcialidad para recibir y contar los votos. c) La precisión de los instrumentos para estimar las tendencias del voto y llevar a cabo el cómputo de los mismos. d) La equidad en la cobertura noticiosa en radio y televisión que se ha dado en las elecciones federales de los últimos años. e) El sistema para emitir la credencial de elector y mantener una cartografía actualizada.

Con estos elementos, el grupo de expertos de naturaleza plural y con visiones y experiencias diversas, propone cambios a la legislación vigente en materia electoral. El grupo estuvo conformado por Magistrados y ex magistrados, consejeros y funcionarios actuales y anteriores del IFE, legisladores, periodistas y especialistas en medios, directores de casas encuestadoras y estudiosos especializados. Sus recomendaciones fueron sistematizadas en un documento coordinado por el CEEY y avalado en lo general por todos los participantes.

Algunas de las recomendaciones presentadas por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia, son: a) Para atacar los altos costos de las campañas: Prohibir las dádivas y prebendas en especie—aunque para algunos panelistas los efectos serían nulos y sólo se haría más rígido y restrictivo el sistema. Establecer sanciones enérgicas a todas las modalidades de clientelismo electoral —castigos compartidos entre el partido político (vía una sanción económica) y el candidato (con pérdida de su registro o su inelegibilidad). Prohibir o restringir fuertemente la publicidad oficial de gobierno en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad públicas, entre otros. Ello con el fin de estimular un sistema de medios (prensa, radio y TV) que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos y de las campañas electorales.

b) Para fiscalizar mejor los gastos de campaña: Transitar hacia un modelo de fiscalización enfocado en el gasto y no en el ingreso. Fiscalización concurrente a las campañas y no sólo a posteriori como sucede actualmente. Mayor inversión en sistemas de detección de propaganda fija (espectaculares) y mayores auditorías en tiempo real a los eventos públicos de campaña. Evaluar las implicaciones de anular elecciones cuando se detecte rebase de topes de campaña o financiamiento ilegal de las mismas. Revisar las modalidades de financiamiento privado y alentar que se legalice y transparente.

d) Para la equidad y transparencia en las contiendas electorales: Modificar la fórmula que se emplea para distribuir el financiamiento público entre los partidos, por una más equitativa: en lugar de mantener el esquema 70-30, se podría establecer uno 60-40 o, incluso, 50-50. Transparentar los contenidos, procesos y padrones de los programas sociales. Transparentar el financiamiento de las encuestas que se difundan de manera pública: requisito que se diga quién pagó y cuánto costó la encuesta. Reducir el número de spots que corresponden a los partidos políticos y transformar un segmento de estos en tiempo para debates entre candidatos.

QMX/fm