Presenta Royfid iniciativas para armonizar la Ley de Cuidados en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2026— Para armonizar tres leyes capitalinas con la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México y dotar a las dependencias gubernamentales de mayor claridad sobre sus responsabilidades normativas, el diputado Royfid Torres González presentó dos iniciativas ante el Pleno del Congreso local.

Durante la Sesión Ordinaria, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) detalló que la primera propuesta plantea modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, así como la Ley de Alcaldías. En tanto, la segunda iniciativa busca reformar el Artículo 56 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, todas correspondientes al marco legal de la capital, refirió un comunicado.

Desde la tribuna de Donceles, el legislador recordó que la Ley del Sistema de Cuidados aprobada hace unos meses fue producto de un proceso abierto e incluyente entre todas las bancadas, señalando que representa el inicio de una transformación sustancial para la metrópoli en la materia. Asimismo, enfatizó que para asegurar el pleno cumplimiento y funcionamiento de esta ley será necesario modificar más de 26 ordenamientos jurídicos locales en los próximos meses.

El representante emecista subrayó que esta primera etapa legislativa es fundamental al impactar directamente el funcionamiento del Poder Ejecutivo y definir formalmente las facultades de las secretarías que integran la Junta del Sistema de Cuidados. A su vez, destacó que la reforma a la Ley Constitucional de Derechos Humanos incorpora las definiciones y conceptos más recientes en materia de cuidados.

Tras la presentación de los proyectos, la Mesa Directiva turnó la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local, mientras que la segunda propuesta fue remitida a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Derechos Humanos. Ambos dictámenes requerirán contar con la opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales antes de ser sometidos a votación.