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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre de 2018.- Los coordinadores en la Cámara de Diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, del PRI, René Juárez, de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo y del PRD, Ricardo Gallardo, presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual contempla la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como cambios a diversas dependencias federales.
Mediante un comunicado, la fracción del PAN informó que el documento fue entregado ante la Corte el 26 de diciembre pasado, donde argumentaron cinco puntos que, aseguran, demuestran las violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios a dicha Ley.
Entre los puntos mencionados, señalaron violación al principio de legalidad en el proceso que se realizó para aprobar esta Ley y es que cabe recordar que durante la discusión de este dictamen el pasado 13 de noviembre hubieron protestas en tribuna que provocaron que el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, cerrara la sesión abruptamente.
Después, convocó a lo que llamó una sesión vespertina para terminar de discutir y aprobar la Ley de la Administración Pública, hecho que fue señalado por el PAN como fuera de la ley de la Cámara, pues en ésta no se contemplan las sesiones vespertinas, ante ello, afirman que la ley fue aprobada en una sesión ilegal.
Indicaron que hubo un ejercicio arbitrario y discrecional por parte de la Mesa Directiva que decidió que la iniciativa sobre la Ley de la Administración Pública sólo se discutiera y dictaminara en la Comisión de Gobernación y Población, cuando también se necesitaba la opinión de la Comisión de Seguridad Pública y las Comisiones de Economía Comercio y Competitividad, así como la Federalismo y Desarrollo Municipal.
Como parte de la impugnación, también argumentaron violación a la soberanía de las Entidades Federativas prevista en la Constitución, lo anterior al referirse a la nueva figura de los súperdelegados que se estableció en dicha Ley, por lo que denunciaron la aparición de un sistema que calificaron como, netamente centralista que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.
En el documento los partidos demandantes, destacaron también que resulta inconstitucional la adición propuesta al artículo 33, fracción XXI, estableciendo que la Secretaría de Energía (Sener) coordinará con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.
También señalan una violación a los dispuestos en la Constitución en lo que se refiere a la Consejería Jurídica, pues con la Ley aprobada se establece que será la dependencia la que nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Finalmente denuncian también una violación a lo previsto en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución en el sentido de que se le asigna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.
La demanda de Acción de Inconstitucionalidad fue presentada y recibida por la SCJN el miércoles 26 de diciembre pasado y será ya el próximo año cuando la Corte emita una resolución al respecto.