Presidencia, obligada a informar de encuestas sobre políticas públicas

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo de 2018.- La Oficina de la Presidencia de la República deberá dar a conocer cuestionarios de dos encuestas aplicadas para medir el impacto de las políticas del Gobierno Federal, realizadas en 2013 y 2017, que forman parte de los expedientes “CUANTI 13” y “CUANTI 17-2”, respectivamente, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

De acuerdo al comunicado INAI/035/18, los dos asuntos fueron presentados ante el Pleno, previo análisis de las ponencias del comisionado Oscar Guerra Ford (RRA 0269/18) y de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos (RRA 0270/18).

Guerra Ford recordó que estas encuestas se realizan en un periodo para medir un fenómeno, una percepción dada en tiempo y forma.

“Se evalúa por lo que la gente dice, se toma una acción y, en forma sucesiva, es utilizada para una realidad en un contexto determinado, por lo que no puede sugerirse clasificar la información, ya que no se encuentran vigentes, es decir, en el momento histórico en el que nos encontramos”, apuntó.

A su vez, la comisionada Kurczyn Villalobos, dijo coincidir con la apertura de la información, pero con argumentos distintos al del comisionado Guerra; al efecto, precisó:

“Coincido en que la clasificación de la información solicitada no puede prosperar, porque las preguntas requeridas no están directamente relacionadas con los procesos deliberativos existentes y, si bien, éstas son parte integrante de los procesos, lo cierto es que las preguntas, de manera aislada, no permiten advertir las respuestas y las valoraciones que se hagan de las mismas”, manifestó.

En respuesta a las solicitudes de información, el sujeto obligado señaló que los cuestionarios se encontraban clasificados como reservados por estar vigentes y ser de uso continuo en los procesos deliberativos que lleva a cabo la Presidencia de la República.

Puntualizó que las preguntas de los cuestionarios son elaboradas por servidores públicos con base en sus opiniones, recomendaciones y puntos de vista, con el fin de guiar las necesidades de la investigación y tomar la decisión más adecuada en el proceso de las políticas públicas.

En los recursos de revisión se insistió que lo requerido versa sobre cuestionarios contenidos en encuestas aplicadas, no sobre los resultados de éstas.

En los respectivos análisis, se pudo constatar que los cuestionarios versaban sobre preguntas de diversos temas, las cuales contenían opciones de respuesta, además de que los cuestionamientos eran relacionados con datos sociodemográficos.

En los proyectos aprobados en el Pleno, se determinó que, no existen procesos deliberativos constantes ni permanentes, como adujo la Oficina de la Presidencia, ya que dicha autoridad omitió acreditar la relación que existe entre cada cuestionario y una política concreta.

De igual forma, en los proyectos se remarcó, que tampoco podría considerarse que los cuestionarios de las encuestas contuvieran opiniones, recomendaciones o puntos de vista del personal de la Oficina de la Presidencia, ya que, si bien, los cuestionarios pudieran exponer determinados temas, lo cierto es que de ellos no se desprenden decisiones, acciones, estrategias o políticas públicas que el sujeto obligado debiera realizar; máxime, si los cuestionarios consisten en entregables, correspondientes a ciertos estudios de opinión pública, que ya están concluidos. Por lo que las injerencias que, en su caso, tuvieron los servidores públicos de la dependencia, ya fueron realizadas y concretizadas.

No obstante, la postura particular de la comisionada Kurczyn respecto a los proyectos de referencia, fue en el sentido que, durante todo el sexenio, sí surgen constantes procesos deliberativos, con la finalidad de generar y evaluar todas aquellas políticas públicas que respaldan, ejecutan y materializan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; es decir, los cuestionarios son y serán necesarios para concretizar las políticas de referencia.

En ese sentido, la comisionada subrayó que, tales cuestionarios sí son un insumo para la toma de decisiones de la Presidencia; sin embargo, apuntó que la sola batería de artículos, a diferencia de las respuestas (que no fueron solicitadas), al no estar relacionada directamente con los procesos deliberativos, no eran susceptibles de reservarse.

Consecuentemente, a propuesta de los comisionados Oscar Guerra Ford y María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la reserva de la Oficina de la Presidencia y le instruyó entregar la siguiente información:

–              El cuestionario de la encuesta aplicada en el contrato AD-042-038-13, referente al «Servicio de encuestas telefónicas en 23 ciudades de la república para medir el impacto de las políticas del Gobierno Federal”.

–              El cuestionario con la temática denominada “Seguimiento de Gobierno XII”, que forma parte del expediente CUANTI17-2, elaborado del 1 de abril al 14 de noviembre de 2017.